Las víctimas invisibles.
Terrorismo de estado (VIII)
Frente de la Juventud, la fuerza de choque de la ultraderecha.
¿Quiénes eran? ¿Qué fue de ellos?
(Los enlaces de la Saga completa al final del texto)
Hasta 1978, los atentados terroristas de perfil fascista o ultraderechista, se habían reivindicado bajo siglas como AAA o BVE. Los ataques de corte más callejero, incluidos algunos mortales, venían siendo obra de Guerrilleros de Cristo Rey o atribuirse a grupúsculos a los que solía bautizarse como simples “incontrolados”, negándoles y ocultando, así, el hecho de que sí formaban grupos estructurados, jerarquizados, organizados, armados y bien conectados con fuerzas del “orden público” y con partidos políticos y organizaciones franquistas y/o falangistas, que les dirigían, utilizaban, financiaban y protegían. Tal era el caso de Fuerza Nueva. El “Frente de la Juventud”, escisión del partido del deleznable Blas Piñar, iba a erigirse, en 1978, como fuerza de choque de los sectores más fascistas, “nostálgicos” y rancios de la sociedad, actuando, especialmente en la zona centro del estado y con absoluta impunidad, durante varios años. Su líder, el después asesinado Juan Ignacio González, llegó a calificar a Fuerza Nueva de “imperio de beatas”, de ahí que abogase por la creación de unidades paramilitares con el fin de combatir al marxismo, razón por la que fundó el Frente de la Juventud (FJ), como segunda escisión de Fuerza Nueva, tras la de su organización gemela, el Frente Nacional de la Juventud (FNJ), un año antes.
Uno de los grupos del Frente, dirigido por José De las Heras Hurtado, un abogado que acabaría viviendo, plácidamente, en Brasil, llegó a cometer, entre enero de 1978 y julio de 1981, una veintena de atentados, que iban a dejar un balance de 4 muertos y decenas de heridos, algunos de extrema gravedad, quedando con secuelas de por vida, tales como la ceguera o diversas amputaciones. Entre los integrantes de dicho grupo, que no fue el único del FJ que causó víctimas mortales, había algún legionario, un funcionario de prisiones reciclado en vigilante de central nuclear, o un guardia civil del que jamás se supo nada más que el mote con el que le conocían el resto de integrantes. Resulta más grave, si cabe, que alguno de los más activos, fuera funcionario de prisiones, no antes, sino después de participar en los asesinatos, huir a Venezuela, ser detenido allí, venir extraditado y ser condenado a 112 años. Difícilmente puede haber ejemplo más claro de la poca vergüenza de una administración del estado que, tras mirar al empedrado durante años, se rasgaba vestiduras al desmadrarse el asunto, condenaba sin hacer cumplir la pena y, finalmente, hacía funcionario a un tipo capaz de matar a un mendigo porque le molestaban sus piernas. Así como, en otros casos, se consideraría integrante de banda armada incluso a quien prestaba un coche o alojaba al autor de alguna acción, sin saber, necesariamente, que hacia su conocido en el día a día, en el caso del terrorismo de ideología ultraderechista, ni tan siquiera a los miembros del GAL, al dictárseles condena, se les aplicaba ese añadido por pertenencia a banda armada o grupo terrorista. Menos aún en el caso de los integrantes del grupo del FJ que sembró Madrid de destrucción y a los que lo mismo daba atentar contra medios de comunicación o sindicatos, mendigos o melenudos cuya apariencia les disgustase.
Los primeros pinitos, en enero de 1978, fueron dos artefactos en sendas librerías, Fórum y Express, que hicieron explosión con menos de una semana de espacio temporal. En el segundo de los atentados resultó herida una mujer, venezolana, que tuvo la mala suerte de pasar por el lugar, en coche, en el momento de la deflagración. Tras la colocación de otra bomba, que no llegó a hacer explosión, en la sede de la CNT, en abril le tocó a la sede del Boletín Oficial del Estado, en mayo al chalet, en Torrelodones, de la pareja de cantantes formada por Víctor Manuel y Ana Belén, mientras en julio hubo atentado en el Cafetín Colmenar. Para entonces, también en mayo, otro grupo del mismo Frente, había asaltado la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, como toma de contacto a lo que se iba a convertir en tradición anual. Entre los siete procesados por este asunto, que acabaron absueltos, estaba Pablo Concepción Díaz, ex guardaespaldas de Blas Piñar cuando militaba en FN, que aprendía el oficio de picoleto en su academia y que sería juzgado por una agresión ultra cometida un año después, o gente como el empresario aceitero, por herencia de abuelo y padre, Antonio Acisclo Torremocha Sánchez, que estudiaba en la misma Complutense y que acabó siendo alcalde, por el PP, en Villatobas, Toledo.
El grupo de De las Heras iba a dar el “salto de calidad” el 30 de octubre, cuando llegó un paquete sospechoso a la redacción del diario El País. Carlos, uno de los conserjes, herido leve, avisó a Juan Antonio, jefe de servicios generales, herido grave, con varias amputaciones, indicándole, entre bromas y mientras se ocultaba tras la mesa, que lo abriese con cuidado. Otro conserje, José Andrés Fraguas Fernández, de 19 años y natural de Castillo de Bayuela, Toledo, llegó en ese momento. Fue él quien acabó destrozado por la goma-2 que contenía el envío, muriendo dos días después.
El atentado fue reivindicado, en diferentes llamadas, en nombre de tres organizaciones distintas, tratando de jugar al despiste al hacerlo, en una de ellas, en nombre del GRAPO, que rápidamente se encargó de desmentir tal autoría. En un juicio celebrado mucho tiempo después, únicamente fueron condenados, a 30 años, los autores materiales del atentado, los Gómez Álvarez, Rodríguez-Borlado y Bel Fernández, que logró, inicialmente huir a Venezuela. Dado que no fue el único atentado mortal en el que participaron, reservamos, para más adelante, sus currículos completos. No se juzgó, como sí se haría con atentados de grupos de otra índole, para los que la figura de co-autor, o colaborador, tanto abarca, a quienes suministraron el explosivo, quienes se encargaron de su custodia o a quienes fueran autores ideológicos o tuvieran otro tipo de implicación.
En enero de 1979, como ya ocurriera un año antes y volvería a ocurrir uno después, la ultraderecha asaltó la Facultad de Derecho de la Complutense. Divididos en varios grupos, con pasamontañas y cascos, armados con porras, bates y pistolas, en una acción preparada en la sede de Fuerza Joven y junto a miembros del Frente de la Juventud, rompieron cristales, arrojaron botes de humo y cócteles molotov, golpearon a estudiantes y efectuaron 7 disparos, dejando 3 heridos de bala y 7 por las hostias. A pesar de que, desde el primer momento, hubo 17 detenidos, 12 de los cuales fueron rápidamente procesados, el juicio se celebró, agárrense, 18 años después, cuando algunos de los principales implicados ya estaban ilocalizables, huidos. Entre los asaltantes estaba uno de los integrantes del grupo de De las Heras, Joaquín López Martínez, que había sido uno de los firmantes del acta fundacional del Frente de la Juventud. Dada la laxitud, en lo penal, habitual con los grupos de extrema derecha, pudo seguir con su labor, de transportista de explosivos y munición, para el grupo que, principalmente, nos ocupa. Aunque el asalto a la Complutense, en términos de daños, a las personas y materiales, no fuese comparable a otros, el repaso de los fascistas participantes resulta muy interesante y clarificador, tanto de la vergonzosa impunidad con la que actuaban, como de las nulas consecuencias, a la hora de alcanzar cuotas de poder laboral o mediático, de sus acciones, que para personas de otras ideologías hubiesen supuesto la inhabilitación o, cuando menos, el veto u ostracismo.
Veamos; Abelardo José Pons López ya había participado, en mayo de 1978, en el asalto anterior a la misma facultad, a pesar de lo cual pudo repetir, sin impedimento alguno, siete meses después, siendo, además, quien comandaba uno de los grupos, así como uno de los autores de los disparos. Es un histórico de esos que no disimula nada. Es fácil encontrarlo en cierta red social, fascista orgulloso de serlo y mostrarlo.
A Pons, que ha escrito artículos recordando a su mentor, el papel de líder se lo había dado el posteriormente, en 1980, asesinado Juan Ignacio González Ramírez, mandamás del Frente al que han seguido reivindicando, los suyos, con un característico y ridículo “Juan Ignacio…presente!” También fue detenido por el asalto, pero fue puesto, casi de inmediato, en libertad.
Luis Eugenio Togores Sánchez, después historiador, profesor, reconocido falangista adorador de Mussolini, columnista de “La Razón”, fue uno de los responsables de una serie documental, emitida en Telemadrid, sobre la Guerra Civil. Miedo me da. De saga familiar de militares, rompió la tradición, pero ha sido declarado “legionario de honor” y posee condecoraciones otorgadas por la Guardia Civil, además de ser parte del jurado en los premios del ejército, que concede el Ministerio de Defensa. Bueno, pues tenía 19 años cuando fue uno de los primeros detenidos por el asalto, cazado huyendo en un coche. Salió, en principio, pagando una fianza de 40.000 pesetas, aunque sí fue uno de los procesados.
Jaime José Riestra Mañeru fue uno de los primeros falangistas detenidos, pero no estuvo entre los 12 procesados finales. Contactos que tienen algunos. Muy vinculado a todo lo que tenga que ver con los uniformes y su ministerio, en 2015 iba de relleno en listas de Ciudadanos por Ayamonte, Huelva. Ha progresado, ya que, en Palos de la Frontera, en la misma provincia, ya ha logrado ser candidato a alcalde, por VOX.
Por todos es sabido que las empresas de seguridad tienen cantera de sobra con los fascistas. Muestra de ello son dos de aquellos asaltantes. Uno Roberto Enrique Talens Sanz, que formaba parte del grupo del FJ y acabó en Seguriber. El otro Emilio Nistal Martín de Serranos, militante de Fuerza Nueva que terminó de segurata en Casesa.
Los hermanos Santiago y Jacobo Ricardo Pedrosa González de Castejón también libraron del procesamiento. Puede que tenga que ver con que fueran hijos del ex-procurador de las Cortes y que estuviesen emparentados con marquesas y condes. Pedro Presa Mendicouague, íntimo de los dos hermanos, también libró. Ha trabajado en el Tribunal de Cuentas.
Juan José Molina González encabezó uno de los grupos de asalto, el de los suyos, el grupo falangista conocido como "Primera Línea", del que sería líder en los años 80. Varios de sus secuaces formaron parte, en 1980, del asalto al Bar San Bao, en el que asesinaron a un joven.
Francisco Javier Barranco López de Saa, "el mascota", también de “Primera Linea”, tenía sólo 16 años cuando participó en el asalto, por el que no fue procesado. Un año después fue otro de los asaltantes del bar San Bao, en el que fascistas de diferentes grupos acabaron matando a un chaval. Al seguir siendo menor de edad, le cayeron sólo 6 meses. Después fue detenido por repartir propaganda golpista.
Su hermano Francisco José, también menor cuando participó en el asalto, acabó haciendo carrera artística, siempre con lo taurino y lo español como temática, primero por México y después de vuelta a la península.
José María Carreras Aranguren, de 27 años y jefe provincial de Fuerza Joven, comandó otro de los grupos. Llegaría a ir en listas, al Congreso, por Unión Nacional, candidatura fascista del eterno Blas Piñar.
Los Santos Arrarte eran dos hermanos que estudiaban en la misma facultad que asaltaron. Su padre era un médico, de notoria ideología fascista, que tenía bustos de Primo de Rivera y Franco en su despacho. En el centro médico que dirigía, fueron encontrados, en 1983, 3.000 cartuchos. Uno de sus vástagos, Ignacio Aurelio, después abogado, agredió a un joven comunista durante el asalto. En 1977 ya había figurado, como número 23, en las listas de Falange Española de las J.O.N.S. El otro, Fernando José, comandó, durante el asalto, el grupo de jóvenes de La Falange. Es analista financiero y otro de esos fascistas que presume de seguir siendo un tipo duro, partidario de la acción directa y capaz de, en conversación con uno de los antes citados, llamar “lameculos”, por flojo, a su propio hermano. Y es que se viene muy arriba cuando le dicen que nadie tenía más cojones que él.
Santiago Adán del Rivero, que finalmente libraría de ser procesado, era hijo de un coronel del ejército, algo muy frecuente en estos grupúsculos. Ramón Francisco Gismero Menoyo, de 19 años otro de los que efectuó disparos, era intendente general del Frente de la Juventud. Ya de inicio, con los demás en la cárcel, él logró huir. En 1981 fue puesto, junto a otros 15 miembros del Frente, a disposición del juez. Llegado el juicio, acusado de ser autor del disparo a un empleado de la factoría Pepsi Cola, en el atraco a la misma, de participar en varios atracos más y de tenencia de un arsenal armamentístico, la fiscalía pedía 45 años de prisión para él. Nuevamente, huyó.
José Manuel Peña Canencia, de 19 años, delegado de socorro a los detenidos del Frente de la Juventud, fue el tercero de los que realizó disparos en el asalto. Le incautaron un arma y 14 proyectiles. Por ese asalto a la facultad, fue para el que se pedía una condena más alta, de 8 años. Detenido otra vez en 1981, en la misma operación que al anterior, se solicitaron para él 46 años de prisión, por numerosos asaltos, pero también huyó. Así, pudo hacer carrera, como respetable empresario, en Brasil y Paraguay.
Si bien no fue como grupo, sí que pronto se iba a producir un asesinato firmado por un miembro del Frente de la juventud, en su caso acompañado por amigos igualmente fascistas. "Le han partido el corazón en dos", dijo el médico a su madre.
Andrés García Fernández tenía 18 años, estudiaba en el nocturno y militaba en Juventudes Comunistas del Retiro. Aquel 29 de abril, de 1979, salía del cine con cuatro amigos. Pasaron junto a un grupo de jóvenes de su edad, pero distintos, marcados con simbología ultra, que estaban increpando a una persona. Andrés y sus colegas desviaron la mirada y siguieron su camino. Cuando se dieron cuenta de que los seguían, aceleraron el paso y acabaron corriendo. Al reagruparse echaron en falta a Andrés. Un puñal le había atravesado el corazón, por dos veces.
José Luis Martínez Merino, el autor del asesinato, pertenecía al Frente de la Juventud y, a sus 16 años, ya era conocido por su extrema agresividad. Federico Baudín Pichardo, de 17 años, ex Fuerza Nueva, fue quien sujetó a Andrés, para que José Luis lo apuñalase con facilidad. Una vez juzgados, al primero, para el que se pedían 16 años de cárcel, le cayeron 8 años de condena y, en 1983, aparecía como sospechoso de un asesinato, cometido en prisión, que no fue resuelto. Al segundo lo condenaron a 2 años, ampliados después a 6. El también procesado Claudio Alonso Becerro de Bengoa, de 17 años, y José María Vega Dosal, de 15, presente y, sin embargo, llamado solo como testigo, salieron impunes.
La madrileña cafetería "California 47" era conocida por ser utilizada como sede extraoficial de los cachorros del Frente de la Juventud. Cada día ponían un tenderete, con su parafernalia ultra, a la entrada del local. Casualmente, el día 26 de mayo, fue retirado. Varios testigos habían visto por allí a cuatro tíos, armados, de apariencia ultra, hecho que no se investigó nunca. Hubo un aviso de bomba, pero no se desalojó. Un joven de jersey rojo y pelo rubio, se cree que el “cachorrín” del Frente Jesús Barranco, bajó, corriendo, las escaleras de los servicios, saliendo a toda prisa del lugar. Y entonces… ¡pummmmm! 9 muertos, 2 hombres y 7 mujeres, además de 61 heridos. Que cosas, no estaba ninguno de los ultras habituales de cada día. En unos minutos, 3.000 nostálgicos del franquismo la liaban allí mismo. Debían de estar cerca, con sus vestimentas, simbología y megáfonos preparados. Otros atacaban, a la misma hora, sedes del PCE(r) y CNT. El argentino Jorge Cesarsky, uno de los asesinos, dos años antes, de Arturo Ruiz, no sólo estaba libre, sino que daba una rueda de prensa. Con un par. Total, el estado les reía las gracias. Después se sabría que el explosivo era amonita, de uso militar y también habitual de los grupos ultras paramilitares, nunca de ETA o GRAPO que, acostumbrados a reivindicar autorías, la negaron rotundamente. Incluso entre los mismos grupúsculos de extrema derecha se acusaron entre ellos. Daría igual, ya que para cuando se celebró el juicio, a base de torturas, ya habían confesado los GRAPO Sánchez Casas y López Anguita, que, una vez sin un torturador apretándoles cada hueso, insistieron en la tesis de la autoría ultraderechista. Fueron condenados a 270 años. Dos compañeros lo fueron, a 8 años, por colaboración. Como anécdota, la serie "Cuéntame", generó mucha polémica en su día, al referirse a este caso en los mismos términos que acabo de exponer, lo que hoy en día conocemos como “atentado de falsa bandera”.
Volviendo al grupo de De las Heras, había proseguido su entrenamiento, con sendos atentados mediante explosivos, en marzo y abril, en la Asociación pro Derechos Humanos y en el complejo Aurrerá, hasta que, el 14 de julio, estallaba, en un contenedor de basura junto al bar "El Parnasillo" del barrio de Malasaña, una bomba que causó 9 heridos y acabó con la vida de Salomé Alonso Varela, coruñesa de 28 años y pareja del herido más grave, el abogado laboralista Jesús Cañedo. "El Parnasillo" era un local frecuentado por gente de izquierdas, o “un nido de marxistas, anarquistas y drogadictos”, a ojos de los autores. Ese fue el móvil de la acción llevada a cabo por Rafael Alfredo Gómez Álvarez y Pedro Bel Fernández, autores materiales, así como el resto del “equipo”, en sus diferentes grados de participación logística e ideológica.
“Tenga usted cuidado de todas formas, no vaya a ser una bomba”, dijo Ramiro Alejandro Rodríguez- Borlado Zapata a la portera del “Club de Amigos de la Unesco”, mientras le entregaba un paquete, el 26 de enero de 1980. Efectivamente, era una bomba, otra vez de amonita. El interventor perdió ambas manos. La bibliotecaria quedó ciega. Ambos militaban en el PCE. Este grupúsculo debió cogerse vacaciones durante el resto del año, lo cual no significa que la ultraderecha madrileña dejase de asesinar, tomando el relevo sus primos hermanos de Fuerza Nueva, que asesinarían, a Yolanda González y Vicente Cuervo, en febrero.
Tampoco significa esa inactividad, durante el resto del año, del grupo de De las Heras, que no hubiese actos criminales protagonizados por otros grupos del Frente de la Juventud. Así, en marzo, un tal Luispi organizó un grupo que maniató a la portera y a dos asistentas de una marquesa de Madrid, a la que propinaron un culatazo para perpetrar un robo. Aquel ultra no era otro que el malagueño Luis Pineda Salido, presidente de Ausbanc, multimillonario a posteriori, a base de estafar y extorsionar incluso a la infanta, lo que le costaría, a él y al presidente de Manos Limpias, acabar encarcelado por fin, protagonizando esperpénticos episodios como el de retar a duelo, con pistola o espada, al fiscal del caso. Se solicitó una condena de 119 años para el ultra saqueador, siendo condenado a 8, 5 por extorsión y 3 por estafa. Por esas cosas de la justicia española, el Tribunal Supremo terminaría por absolverlo. Del asalto a la marquesa también salió bien parado, condenado a sólo 3 meses, al no haber cumplido los 18 aún. En 1982 volvió a liarla, lanzando cócteles Molotov para conmemorar el primer aniversario del intento de golpe de estado.
Junto a él, en el asalto a la marquesa, estaba Beatriz Klequer de Elizalde, de 17 años e hija de militar, secretaria del secretario general del Frente, otra ultraderechista que volvería a ser detenida en enero de 1981.
Jorge Caballero en marzo por llevar un pin con la clásica A anarquista, Arturo Pajuelo el Primero de Mayo, o Juan Carlos García cinco días después, se sumaban, sin salir de Madrid, a la lista de asesinados por diferentes elementos fascio-falangistas, con el denominador común del aprovechamiento de esas ofertas especiales que el estado ofrecía para viajes-huida.
Son casos de los que hablaremos más profundamente en posteriores artículos, así que retomemos las andanzas del Frente de la Juventud. El 12 de diciembre fue asesinado, mediante 4 tiros, en el portal de su casa, el secretario general del Frente de la Juventud, el líder de toda esta gentuza, Juan Ignacio González Ramírez. Tenía 28 años. Ellos atribuyen el atentado a conspiraciones varias, mientras otras teorías lo sitúan en el ámbito de los ajustes de cuentas entre primos-hermanos. Sea como fuera, los veteranos del Frente, tienen ahí a su mártir y semidiós. En cualquier caso, la muerte de su líder, supuso que los niñatos del Frente saliesen a ejercer de matones, con tres acciones el mismo día, justo tras el funeral. Por un lado, el asalto, con bates, porras y cadenas, otra vez más, de la Facultad de Derecho de la Complutense de Madrid. Ésta vez, al mismo tiempo, otro grupo hizo lo propio en la Universidad de Valladolid, donde se produjo un herido grave. Y por la noche, por las calles de Madrid, lunas rotas, cócteles molotov, amenazas y agresiones a transeúntes, entradas violentas en bares...
Entre los asaltantes de la Complutense estaba, por ejemplo, Óscar Alfredo Arderius Arregui, ahora alto cargo en Peugeot, en las provincias de Madrid y Granada. La facultad que asaltó con 17 años, es en la que estudiaría después. Un año más tenía su hermano Héctor Ignacio, también presente y hoy empresario inmobiliario o, más bien subastero, con canal de youtube y todo. José María Ochoa Ojeda tenía 17 años, Javier Villanueva Sánchez, estudiante de derecho, 18, mientras su primo, Carlos Villanueva Zamora, de 20 años, es otro que estudió en la universidad asaltada. Alfonso de Carlos De Diego Quintero, alias "Tito", tenía 17 años. 15 meses después, siendo tesorero del Frente y junto a varios ultras más, entre los que también estaba Luis Pinedo, fue detenido, por celebrar el aniversario del 23f lanzando artefactos explosivos.
Por parte del grupo que protagonizó las agresiones de noche y por las calles de Madrid, tenemos al después hostelero Fernando Jiménez Clar, que era un niñato de 17 años , o a dos hermanos, los Martínez-Catena García-Andrade, de la típica familia de alta alcurnia franquista, de esas que aparecían en el ABC cada vez que celebraban algo, aunque fuese el cumpleaños del gato. José Fernando, también empresario, tenía ya 29 años. Rafael, el pequeño, otro multiemprendedor, tenía 19 añitos. Francisco Javier Martín-Calderín Corrales tenía por entonces 20 años. Menos de un año después, fue admitido como opositor a policía. Dedicado al campo de la seguridad privada, ha desempeñado múltiples cargos directivos en el sector. Posiblemente el más activo de ese grupo era Juan Antonio Córdoba Naranjo, de 19 años, que un mes después volvería a ser detenido, en la macroperación contra el Frente de la Juventud. Acusado de varios atracos y atentados contra bares, implicado también en el secuestro, extorsión y robo a un empresario y en el asalto a la factoría Pepsi, en el que uno de sus compinches hirió de bala al cajero, la petición fiscal contra él iba a ser de las más altas, 27 años.
Uno de los que ha escrito homenajes a su líder caído es Juan Antonio López Larrea, por entonces secretario del Frente de la Juventud en Levante y, décadas después, líder del MSR en Valencia. Ha escrito un libro sobre el FdJ y fue condenado a 16 años, de los cuales cumplió algo más de 7, ya que la delegación levantina del Frente cometió, al menos, seis atracos y dos atentados, antes del que iba a ser el siguiente asesinato, único fuera de Madrid, cometido por la organización fasciocriminal que nos ocupa. Fue el 28 de diciembre, en Valencia, cuando un grupo de ultras se cruzó con una cuadrilla de jóvenes cuyas pintas no les gustaron mucho. Tras seguirles unos metros, uno de los fascistas gritó "¡apartaos!" y empezó a disparar desde menos de 10 metros de distancia, matando, de 8 balazos, a Francisco José Rodríguez López, de 21 años, que estaba de permiso en su ciudad, ya que hacía la mili en Almería. Resultaron heridos de bala tres jóvenes más. El autor de los disparos, José Palazón Sánchez, "el palas”, de 20 años, ya había sido detenido, tres años antes, por tenencia ilícita de armas y también, 6 meses antes de matar a Francisco, por robar una joyería, a pesar de lo cual ya estaba en la calle de permiso. La pistola se la encontraron a uno de los hermanos Dacal Martín, Jorge, de 16 años, ahora constructor, aunque, según el asesino, la habían arrojado al Turia. El tal “palas” es otro de la interminable lista de fascistas huidos a Latinoamérica sin poder ser juzgados. El grueso del grupo fue detenido en enero y febrero del año siguiente, al mismo tiempo que sus iguales de Madrid. Algunos de los miembros del Frente de la Juventud en Valencia, sí que fueron condenados a penas de cárcel, tal es el caso de Vicente Huertas Piñera, condenado a 8 años y medio, que cumplió casi 5 y murió al poco tiempo, el después hostelero Isidro Javier Cerezo Romero, que, condenado a 6 años, fue puesto en libertad llevando cumplidos 2 años y 4 meses, o Juan Manuel Cañavate Rosalén, condenado a 12 años. Estaban también, Juan Carlos Dacal Martín, que moriría ahogado en 1982 y era hermano del antes citado Jorge, el después escolta Salvador Martorell Andrés , Francisco Javier Núñez Hernández, que es un enfermero que no se corta, en redes, de hacer apología falangista y franquista , igual que hace Francisco Javier Martínez Martín, otro de los integrantes, como Alejo Campoy Castañer, que aún compite en tiro, con pistola de 9mm, el promotor inmobiliario Emilio Vicente Simo Piera, el empresario Salvador Gamborino Nogues, que era menor de edad y fue condenado, a sólo 2 meses, por un asalto violento a un bar , o Moisés Almendros Ruiz.
Y otro que escapó fue Jesús Menargues Jiménez, "el karateca", acusado de 3 atracos violentos, tenencia ilícita de armas y lesiones durante el asalto a un bar. Aunque fue condenado a 14 años, sólo cumplió uno y medio, el tiempo que estuvo en prisión preventiva. En 1986, con 25 años, escapó a Paraguay, donde, tras ejercer como entrenador de lucha libre, después, falseando su currículum, por un lado, se presentaba como ex capitán de la Legión y formador, acreditado por la Policía Nacional, de vigilantes de seguridad, al tiempo que también habría sido modelo para grandes diseñadores, de tal forma que ha venido trabajando, en el país sudamericano, como segurata y como formador de modelos. Alfonso Solé Gil, de 19 años por entonces y que años después aparece como gran empresario vinculado a montones de empresas, todas ellas satélites del entramado de Ausbanc, donde era cofundador y tesorero, hasta que él, su amigo desde los tiempos del Frente, el antes nombrado Luis Pineda Salido, el mandamás de Manos Limpias y otros tipejos similares, fueron detenidos, por extorsión y estafa. Una vez procesados, a pesar de exponerse a una petición fiscal de 37 años de cárcel, acabó siendo absuelto. Entre los detenidos en la misma operación, pero en la redada de Madrid, además de algunos de los miembros más activos, unos ya nombrados y otros que dejamos, por ser integrantes del grupúsculo autor de los atentados más salvajes, para la traca final, estaba gente como la marquesa de La Paz y, según ella misma, camarera de banquetes en el Ministerio de Cultura y Deportes, María Guadalupe Carrasco Romojaro, por entonces de 18 años y que, meses después, fue detenida, otra vez, tras una brutal pelea entre ultras, a los que se les volvieron a encontrar numerosas armas.
Álvaro Lorenzo Vázquez Goyoaga, de 20 años, era, en el Frente, Jefe provincial de Madrid. Hijo de militar, cuando se celebró el juicio estaba huido. Tras muchos años en Argentina, ahora ejerce como veterinario especializado en plagas y en equinos.
Isidro Mariño Negrón, también hijo de militar, era el secretario general. Estanquero en el barrio madrileño de Chamberí, también detuvieron a la que después sería su esposa, Virginia del Rio Marrero. Carlos Méndez Carpintero compaginaba su participación en asaltos, secuestros y robos, incluido el de la Pepsi en el que dispararon, en la pierna, a un cajero, con su condición de cabo en la legión. Tenía mala pinta desde hace tiempo y murió en 2018.
Ignacio José Tejero Cabrera, de 17 años, aspirante a entrar en la Academia del Aire, era otro de los integrantes detenidos.
También estaba el abogado José de las Heras, el ya citado dirigente del grupo más sanguinario y activo del Frente, pero, dado que no bastaba con la docena de atentados que sus chicos habían cometido, para dar, por lo visto, con ningún indicio de criminalidad que le mantuviese en la cárcel, puso la pasta de la fianza y salió, rápidamente, en libertad. Igual que los dos siguientes, muestra de la impunidad con que se movían, ya que poco después de su puesta en libertad, iban a volver a ser detenidos por el asalto al pub Alekos. Arturo Barea Sánchez, secretario del jefe provincial, era, además, el dueño del arma que había utilizado, uno de sus inseparables, en el asalto a la facultad de derecho de 1979. Al ser detenido en la macro-operación que nos ocupa, estaba acusado de varios atracos y tenencia de armas, pero había que dejarle hacer y se le dejó. Para cuando llegó el juicio, acumulaba tantas causas que es otro de los que se había dado el piro, a Bolivia y después a Paraguay. A Eduardo Rávena Valdivia, también detenido por partida doble, se le acusó, asimismo, de realizar prácticas de tiro y con cocteles molotov. Delegado de provincias del Frente, ha administrado numerosas empresas. El asalto al “Alekos” en el que participaron los dos anteriores fue en esa fecha señalada que es el 23 de febrero. El local era lugar de encuentro habitual de la comunidad africana de Madrid. El que acabaría siendo acusado principal del caso, Jesús Javier Blanco García, colocó una pistola en la cabeza de un joven guineano y, al grito de “viva el KuKluxKlan”, disparó, pero un movimiento instintivo de la víctima evitó que la bala entrara por una zona crítica y salvó la vida. El tal J.J. era uno de los integrantes del subgrupo que, según se sabría después, cometió una veintena de atentados. Fue detenido pasados unos meses, cuando parte de los asaltantes de la discoteca habían protagonizado, en mayo, un asalto al Banco Central de Barcelona. Curioso lo de José Manuel Orozco Lucini, otro de los asaltantes y compañero habitual de Eduardo Rávena en las prácticas de tiro. De familia plagada de militares, él mismo estuvo en el ejército, pero tras sus pinitos con la ultraderecha más activa, salió del armario, se fue a Aberdeen y acabó apoyando el independentismo escocés, despotricando contra la derecha y formando parte de un círculo “podemita” allí, en Escocia. Participaron dos mujeres. Una de ellas, María Cruz Jara Quejido, se libró hace unos años, tras recurso de amparo, de ser desahuciada. Dos de los que estuvieron presentes, tanto en el asalto al Alekos, como en las detenciones posteriores al asalto al Banco Central, fueron dos primos a los que incautaron un revolver y 15 kilos de munición. Uno de ellos, Ignacio Maldonado Gómez-Aparicio, sería despedido, en 2012 y por irregularidades en la gestión, de su puesto como director de patrocinios del BBVA. De asaltar bancos como militante de la ultraderecha a un puesto de responsabilidad en un banco. Su primo, Rafael Gómez-Aparicio Llanos, alias "Potas", de 19 años por aquel entonces, volvería a ser detenido, en febrero del año siguiente, por las celebraciones violentas que, con motivo del 23f llevaron a cabo los de su panda. Él fue quien dirigió la acción, tras confeccionar 6 explosivos y otros tantos botes de humo.
El grupo de De las Heras volvería pronto a engordar su lista de asesinatos. El 7 de junio de 1981, Carlos Javier Idígoras Navarrete, de 22 años, celebraba, en Madrid, el haber aprobado las oposiciones para un puesto en la Renfe. El ir borracho y su pelo largo fueron la disculpa para considerarlo un "rojo drogadicto" que merecía morir. Gómez Álvarez, Bel Fernández y, se cree, el tal JJ, lo metieron en un coche y, tras dispararle dos veces en la cabeza, lo dejaron tirado en un descampado. “Ajuste de cuentas entre drogadictos”, dieron por hecho esos sesudos policías que no se querían enterar de lo que llevaba años pasando.
Luis Arribas Santamaría era sólo un mendigo, de 48 años, que dormía en un banco de la madrileña calle Albuquerque. El 5 de julio, Gómez Álvarez y Bel Fernández lo asesinaron de un disparo según estaba tumbado, ya que les molestaban sus piernas extendidas. Invirtieron papeles respecto al caso anterior, ya que fue el segundo quien hizo el disparo.
Tras los asesinatos de Carlos y Luis en menos de un mes, llegaron las fiestas de Chamberí. Varios fascistas desfilaron como militares por la plaza Olavide. Poco después, estallaba una bomba que hirió a 6 personas, entre ellas, la joven de 17 años que acababa de ganar el concurso de disfraces y que resultaría herida de gravedad. Tras un ataque, con cóctel molotov, a una librería, seguido de la colocación de un explosivo en el coche de un ciudadano francés, la sensación de impunidad del grupo era tal que, a finales del mismo mes, teniendo el coche obstaculizando el tráfico, un joven les pidió que lo retirasen. Gómez Álvarez, ya eufórico y descontrolado, le pegó un tiro en la zona maxilar. Testigos dieron la matrícula y se les acabó el rollito, siendo detenidos dos días después. Resulta curioso comprobar, mediante la prensa de la época, como, de repente, la policía parecía saber toda su trayectoria terrorista, desarrollada, hasta entonces, con esa reseñada impunidad total y absoluta. Con el más veterano del grupo, un traficante de armas y estafador alicantino, suicidándose cuando iba a ser interrogado, dos huidos y JJ en prisión por el asalto a la discoteca Alekos, el resto de integrantes del grupo fueron, por fin, encarcelados, siendo procesados un año después.
La post-historia de los integrantes de ese subgrupo, del Frente de la Juventud, que sembró, de terrorismo fascista, las calles de Madrid entre 1978 y 1981, se iba a desarrollar de la siguiente forma; Rafael Alfredo Gómez Álvarez fue quien efectuó los dos disparos en la cabeza de Carlos Javier Idígoras y estuvo presente en los otros tres atentados mortales, por lo que se enfrentó a una petición de 179 años de condena. De los 103 años que le cayeron, resultantes de una ampliación, por parte del Supremo, de la condena inicialmente dictada, por 4 asesinatos, 30 de ellos por el de “El País”, en juicio diferenciado del resto, y un sinfín de delitos más, cumplió 14 años y 3 meses. Gómez estaba tan zumbado que llegó a disparar, en la cabeza, a Pedro Bel, otro integrante del grupo, en el transcurso de una discusión. Desde un inicio y como otros de su calaña, pudo disfrutar de ciertos beneficios penitenciarios que jamás se aplicarían, tan prontamente, a presos de otra ideología.
Ramiro Alejandro Rodríguez-Borlado Zapata fue condenado, tras la ampliación de pena por parte del Supremo, a 80 años y 7 meses, cumpliendo en prisión algo más de 14 años y medio. Autor material, junto a Gómez y Bel, del atentado de El País, ellos eran los miembros más activos. En el atentado de Malasaña, su participación fue la de transportar la goma2 de Alicante a Madrid, no estando presente como autor material. Fue él quien, meses después, entregó en mano el paquete bomba que amputó las manos a uno y dejó ciega a otra de los dos heridos graves del Club de amigos de la Unesco.
Pedro Bel Fernández, autor del disparo que mató al mendigo Luis Arribas, escapó a Venezuela cuando detuvieron a sus compinches. Fue localizado, extraditado y, en 1988, condenado a 30 años por el atentado de El País, en un juicio en el que, cada uno de los tres implicados, pasaba la pelota a los otros dos. Un año después, en el juicio por el resto de atentados mortales, le cayeron 81 años y 8 meses, a los que añadir otro año por el atentado contra el BOE. Tras cumplir 12 de esos casi 113 años de condena, se portaría muy bien en la cárcel, en 2005 se colocó de funcionario de prisiones. Ahí queda eso…
José de las Heras Hurtado, el abogado que movía los hilos en el grupo ultra, ya había sido detenido en enero del mismo 1981, pero pagó 400.000 pesetas de fianza y salió en 10 días. Tras la detención, en julio, de todo el grupo, volvió a ser puesto en libertad. En junio de 1983 volvió a la cárcel, pero para agosto ya estaba fuera otra vez, tras pagar 600.000 pesetas y salir de permiso. Tanto se lo habían puesto en bandeja que, para el juicio de 1984 estaría ya en Brasil, donde sería localizado, casi 30 años después, viviendo tan ricamente. Confidente policial durante el franquismo, puso en contacto con Torregrosa, el suministrador de explosivos, a los autores materiales de los atentados. La fiscalía solicitaba 163 años de cárcel para él, pero, lo dicho, ya llevaba tiempo tomando el sol en Brasil.
Tomás Antón Torregrosa, ultra alicantino, de 57 años, que facilitaba explosivos a la banda, se suicidó, tirándose por la ventana, una vez fue detenido. Contactado por De Las Heras en 1978, además de facilitar los explosivos para numerosos atentados, había encargado un auto-atentado, a miembros del grupo, a cometer en un edificio de su propiedad, en el que se encontraba la sede de Fuerza Nueva de Elche. Pretendía, así, cobrar el seguro y una indemnización como víctima del terrorismo, para volver a construir en el mismo lugar. A Torregrosa, le hizo ese trabajo y de correo, transportando explosivos de Alicante a Madrid, Leocadio Jiménez Caravaca, el ex legionario, que también era un ex División Azul nazi. Vivía de la pensión como militar mutilado y de los encargos de Torregrosa. Condenado a 4 años y 2 meses por el atentado de Atocha, cometido en 1977 y que causó 5 muertes, en el Frente era, como en aquel caso, quien transportaba los explosivos al grupo. Murió en 1985. En 1981, cuando fue detenido junto al resto, se supone debía estar en la cárcel, pero en vez de eso, estaba libre cometiendo nuevos atentados. En 2020 fue encontrada su "agenda nazi".
Jesús Javier Blanco García, “JotaJota”, ingresó en prisión 3 años después de desarticularse el grupo. Curioso, ya que cuando fueron detenidos los demás, él ya estaba en el trullo por pegar un tiro en la cabeza, a un africano, al grito de "viva el klu klux klan" y, sin embargo, estaba en paradero desconocido mientras se instruía el caso de esta banda. Acusado de pasar dos pistolas a Gómez Álvarez para otros atentados, de ser autor del atentado contra la CNT y de participar en el asesinato de Salomé Alonso en Malasaña y en el de Carlos Idígoras, se pedían entre 8 y 20 años de cárcel contra él. Absuelto por falta de pruebas de los dos casos con víctimas mortales, pero condenado a 7 años por otros de los cargos que se le imputaban, recurrió, se le denegó el recurso en 1991...y en 1992 fue parcialmente indultado.
“Agapito” fue un nombre que se repitió a lo largo del juicio. Se supone era el sobrenombre de un guardia civil al que De Las Heras puso en contacto con los autores materiales de los principales atentados y a los que facilitaría explosivos y armas. Nunca se supo su identidad real.
Joaquín López Martínez se encargaba, en el grupo, de hacer entregas de munición y explosivos, haciendo algún viaje, para tal menester, desde Alicante a Madrid y junto a Rodríguez-Borlado. En 1979 había sido detenido como uno de los dirigentes del Frente de la Juventud, cuya Acta de Constitución fue firmante, que organizaron el asalto a la Facultad de Derecho de la Complutense.
Pedro de Haro Pavón, ex funcionario de prisiones que había sido condenado, a un año de prisión, por agredir brutalmente, en 1976, a un recluso, vigilante en la central de Valdecaballeros, facilitó munición al grupo, recibió un rifle para cometer alguno de los atentados y se le incautaron 9 armas sin registrar.
José Luis Sáez Alonso hizo de puente con algunas de las armas utilizadas por el grupo.
Iñigo José Aragonés Sampedro, al igual que De Las Heras, había sido detenido, medio año antes y como miembro del Frente de la Juventud, tras varios asaltos y atracos cometidos por el grupo, así como por tenencia de arsenal militar. Sin embargo, no sólo estaba libre, sino que iba a desaparecer del mapa, aun siendo sospechoso de haber participado en los últimos atentados, cuando el resto de los mencionados fueron detenidos.
El Frente de la Juventud se dio por desarticulado en 1982. No acostumbran a recordarnos sus crímenes ni la condición de miembros de las fuerzas de seguridad de algunos de sus integrantes, o la vinculación, con las mismas, de la mayoría del resto de ellos. Su historia se escribe con alguna gran condena que, en la práctica, se quedaría en poca cosa, con fugas consentidas bajo la apariencia de una extraña dejadez policial y judicial, o con la impunidad absoluta en muchos casos. No hay exigencias de perdón, pues serian muchos y demasiado influyentes quienes tendrían que pedir ese perdón, pues financiaban y protegían a esas fuerzas de choque ultrafascistas. Se oculta y se olvida. Se blanquea y, así, se construye ese relato manipulado con el que crean corrientes, maremotos de opinión de un pueblo desinformado que termina condenando lo que se le exige que condene y borrando de su memoria aquello que necesitan que sea olvidado. No debemos permitírselo.
Eder Mitxelena
Las victimas invisibles. Terrorismo de estado (I)
Las victimas invisibles. Terrorismo de estado (II)
Las victimas invisibles. Terrorismo de estado (III)
Las victimas invisibles. Terrorismo de estado (IV)
Las victimas invisibles. Terrorismo de estado (V)
Las victimas invisibles. Terrorismo de estado (VI)
Las victimas invisibles. Terrorismo de estado (VII)
