Francisco Franco era a duras penas mantenido con vida. Carrero Blanco había saltado por los aires en un atentado de ETA y “el carnicerito de Málaga”, Arias Navarro, no era sino una figurita a la que se premiaba, en el languidecer del franquismo como tal, con una presidencia que añadir a su currículum. Así, se había dejado todo atado y bien atado pasando el testigo de la jefatura de estado a Don Juan Carlos de Borbón. La represión política y policial eran una constante este último año de vida del dictador, pero la actividad de GRAPO (cinco víctimas mortales causadas), FRAP (cuatro víctimas) y sobretodo ETA, también iban en aumento. Los atentados y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad de estos últimos dejaron en 1975 un balance de 13 uniformados, un alcalde franquista (el de Oiartzun) y 2 civiles, acusados de confidentes, muertos.                                   

          Hasta qué punto eran ultraderechistas que iban por libre o recibían órdenes del estado y/o de mandos policiales es una incógnita, pero el hecho es que alguien decidió que no era suficiente con los militares, la Policía Armada o la Guardia Civil, dando paso a los primeros coletazos de lo que pronto se transformaría en las siglas de los grupúsculos que iban a formar el entramado del terrorismo de estado y sus cloacas. De todos los asesinatos que vamos a recordar, apenas cinco vieron iniciar algún proceso judicial, pero todos ellos acabaron en sobreseimiento o absolución.                                                                                                                                                            

          Antes de meternos de lleno en la crónica de esas primeras acciones, como contraposición a la actividad de las organizaciones antes mencionadas que operaban mediante la lucha armada por entonces, convendría repasar los fríos números que nos dan una idea de la situación de violencia y represión que podía palparse en las calles. Y es que aparte de la evidente falta de libertades individuales y colectivas implícitas al franquismo, en 1975, seis militantes de ETA murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, dos, “Txiki” y Otaegi, fueron fusilados aquel inolvidable 27 de septiembre, al igual que los FRAP Baena, Sánchez -Bravo y García. En A Coruña fue ejecutado en una emboscada el emblemático militante de UPG Moncho Reboiras.                                                                                                                                   

          Pero es que además de esas 12 víctimas significadas por su militancia antifranquista y de otros 6 asesinados que podrían tener cierta vinculación con la política, hasta un total de 45 asesinatos de estado van nada menos que 27 personas que, siendo simples “civiles”, se fueron a la tumba por acciones perpetradas por los diferentes uniformes y grupúsculos afines al régimen.

          Militantes en la lucha armada

          El 21 de marzo moría Alfredo Joaquín  Valcárcel Navarro, natural de Colunga, Asturias, aunque residente en Arrigorriaga y militante de ETA, tras las torturas recibidas, aun sabiendo perfectamente que sólo tenía un riñón, en el cuartel de la policía franquista en Bilbao. Mikel Gardoki Azpiroz "Rubio", andoaindarra de 25 años, murió tiroteado por la Brigada Político Social a la salida de un bar de Ergobia, Astigarraga,  el 24 de abril. Siempre dijo que prefería morir a ser detenido. Cinco días después fue declarado el estado de excepción en Bizkaia y Gipuzkoa, siendo detenidas más de 1.000 personas en los 3 meses siguientes.   Desde 1979 hubo un paseo en Donosti que llevaba su nombre, hasta que el Tribunal Superior ordenó, en 2011, el cambio.                                                                                                                                                                          

          El 14 de mayo, la Guardia Civil, asaltaba una vivienda en Gernika. Más adelante recordaremos de que forma.  El después fue que el arrasatearra de 20 años Jesús Markiegi Aiastui, "Motriko", junto a otro compañero, escaparon por la ventana trasera  matando en el tiroteo al teniente al mando. "Motriko", herido, se escondió en un baserri de Ajangiz hasta que los perros de los de verde consiguieron dar con su rastro. Sin intención de detenerle, varios picoletos lo acribillaron mediante más de 40 impactos de bala. Su cuerpo, desnudo, fue expuesto durante todo el día frente al cuartel de Gernika, mientras casa por casa y utilizando a vecinos como escudos humanos, los beneméritos buscaban al otro militante, al que no encontraron.                                                 

           El 30 de Julio, en Madrid, el infiltrado policial conocido como "El lobo" facilitó que la policía tendiese una emboscada al legazpiarra Josu Mujika Aiestaran, "Beltza", de 24 años. Trató de escapar, pero fue alcanzado por varios disparos. La prensa del régimen  publicó que había muerto por causas naturales, pero la familia consiguió recuperar el cuerpo y desmentirlo tras ver los balazos en su cuerpo.  

          Tras la detención en Galiza de dos militantes de ETA y dos antifranquistas gallegos, una enorme cantidad de miembros de la Brigada Político Social franquista y de agentes de la Policía Armada, unos 300 en total, acordonaron, la madrugada del 12 de agosto, el edificio ferrolano donde se encontraban Xose Ramón "Moncho" Reboiras Noia (25 años) y otros dos militantes de Unión do Povo Galego. Por increíble que parezca, los maderos dieron tanto la nota y a la vez fueron tan torpes de no contar con que los tejados de unos edificios se unen a los de los otros, que el resultado fue la huida de Moncho, peluca incluida, después de que sus dos compañeros hubiesen escapado antes aprovechando el descontrol policial del tiroteo inicial con él, único armado de los tres. Dos horas después, le dieron caza y lo acribillaron por la espalda. Hasta 2009,34 años después, no fue reconocido como víctima del franquismo. Varios miembros de UPG se exiliaron a Portugal en los días siguientes ante su segura detención, de la que algunos otros no pudieron escapar a tiempo.

          Las emboscadas preparadas gracias a la información facilitada por Miguel Lejarza Eguia, infiltrado policial conocido como “El lobo”, que ya habían servido para la ejecución de “Beltza” antes citada, se cobraron otras dos víctimas en septiembre. Ambos militantes de ETA tenían la misma edad, 22 años; el donostiarra José Ramón "Montxo" Martínez Antia, fue  tiroteado el día 18, desnudo en la bañera del piso de Madrid en el que se encontraba. La versión oficial resultaría, como tantas veces, tan cómica, en el sentido de su poca credibilidad, como de costumbre. Primero se resistió haciendo uso de una metralleta. Luego se suicidó. Andoni Campillo Alkorta, natural de Gernika, ya había sido detenido por su participación en huelgas en el 70 y el 72, cuando fue duramente torturado en el cuartel de la Guardia Civil. El día 19, solo uno después del caso de Montxo, la policía acorraló a Andoni  y otro compañero en Castellnou, Barcelona. Se refugiaron en la terraza de una vivienda durante la noche y a primera hora de la mañana fueron acribillados desde todas las direcciones, resultando muerto Andoni y gravemente herido su compañero. La madre de Andoni pasó un año luchando contra el muro post-franquista hasta conseguir, en octubre del año siguiente, que fuese, por fin, enterrado en su pueblo.  

          En cuanto a “El Lobo”,  es uno de esos seres despreciables a los que nos venden como héroe por su infiltración en ETA durante los últimos tiempos del franquismo, que como hemos visto supuso tres ejecuciones extrajudiciales durante 1975. Menos nos recuerdan que en 1993 fue detenido como uno de los principales implicados en una red de escuchas y posterior extorsión a medios de comunicación, aunque la condena fue mínima, seis arrestos de un mes en su caso, precisamente por ser los implicados quienes eran. Y es que además de nuestro “lobo”, que estuvo dos meses encarcelado hasta salir bajo fianza de 2,5 millones de pesetas, ex gerifaltes del Cesid y algún Guardia Civil andaban en el ajo. Cuando se investigaba dicha trama, los nombres de tres de los implicados, incluido "El Lobo", salieron como posibles integrantes de una banda que extorsionó, mediante paquetes bomba, a varios empresarios, causando 4 muertes entre 1987 y 1990. En 1987 también había sido cazado en Irún por extorsionar a empresarios en nombre de ETA, pero ser miembro de los servicios secretos le libró del trullo. Tanto que la propia policía se rascó el bolsillo de lo lindo para que los querellantes lo dejaran pasar. Son asuntos que no impidieron que en 2010 fuese condecorado con la Cruz al Mérito militar y en 2016 premiado por cierta asociación de víctimas.                                                                                                                         

          El 27 de septiembre, tras juicio (farsa) sumarísimo y a pesar de la petición de indulto de la Comunidad europea, la ONU y el Vaticano, pelotones de Guardias Civiles voluntarios, o Policía Armada en el caso de Otaegi, fusilaron a dos militantes de ETA y tres del FRAP. Jon Paredes Manot, "Txiki", de 21 años, natural de Badajoz, aunque llevaba en Zarautz desde los 10 años, sería ejecutado en Serdanyola del Vallés, atado de pies y manos y mientras cantaba el Eusko Gudariak, acusado de participar en  un atraco en el que murió un policía. Su entereza durante los días anteriores a la ejecución fue tal que, ante la extrañeza de un militar que le preguntó, respondió; "Nosotros no tenemos que avergonzarnos por estar aquí, vosotros sí". Su cuerpo no pudo ser trasladado a Zarautz hasta un año después.  Acudieron 4.000 personas al funeral, siendo detenidos su madre y el cura.       

        Ángel Otaegi Etxeberria , de Azpeitia, 33 años, fue fusilado en Burgos, sólo, sin la presencia de ningún familiar, acusado de facilitar información sobre un Guardia Civil que moriría en un atentado. A su entierro acudieron 2.000 personas, a pesar de que la maquinaria franquista pretendía permitir el paso únicamente a la familia. Familia que sigue reclamando justicia más de 40 años después.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

          Los tres militantes del FRAP fueron fusilados, sin presencia de familiares y por tres pelotones de 10 guardias civiles, en Hoyo de Manzanares, Madrid.                                                                        

            José Luis Sanchez-Bravo Solla , estudiante de Física, murciano de 21 años, había sido acusado de ser el responsable del atentado de un teniente de la Guardia Civil. Su pareja, embarazada, fue torturada. Sigue reclamando justicia mediante la querella argentina que engloba numerosos casos del franquismo.                                                                                                                                                           

           José Humberto Baena Alonso, vigués de 24 años, fue condenado por matar a un policía, a pesar de un testigo que testificó que no se parecía al autor. Ya había sido detenido y torturado por manifestaciones estudiantiles y de trabajadores. Y aunque había sido absuelto de los cargos que en esas ocasiones le habían atribuido, la policía le negó repetidas veces el certificado de buena conducta necesario para muchos puestos de trabajo, negándole también la posibilidad de sacar el pasaporte o el carnet de conducir.                                                                       

           Ramón García Sanz "Pilo", de 27 años, fue fusilado como supuesto autor material del mismo atentado que José Luís. Casi dos años después, su familia aún no había podido llevarse el cadáver del cementerio de Hoyo de Manzanares, donde lo fusilaron.                                                                                                                           

            Tras los cinco últimos fusilamientos del franquismo hubo manifestaciones en todo el mundo, doce países retiraron a sus embajadores en Madrid, en Portugal se quemó la embajada española y México pidió la expulsión de España de la ONU.     

          Sobra decir que los responsables de los fusilamientos del 27 de septiembre de 1975 siguieron con su vida como si tal cosa, pero no será porque las familias de los fusilados se hayan rendido en su búsqueda de justicia y reparación. De hecho, cuatro de los firmantes de la quíntuple ejecución, figuran entre  los reclamados por la jueza Servini de la conocida como “querella argentina”; el lucense Antonio Carro Martínez, era Ministro de la Presidencia. Después, con el PP, fue vicepresidente segundo hasta 1989. Fernando Suárez González, leonés, era vicepresidente tercero y Ministro de Trabajo. Es otro que también integró el PP en numerosos cargos hasta mediados los 90. Jesús Cejas Mohedano era el vocal del Consejo de guerra que condenó a muerte a los 5 fusilados. Ha venido mostrando su cercanía a diversas asociaciones hispano-israelíes. Y el Ministro de Justicia, el zaragozano José María Sánchez-Ventura Pascual, que acabó  jubilándose como notario oficial de Madrid en 1992. “Señores respetables” todos ellos.

               Militantes de base de organizaciones políticas

          Tampoco es que al régimen le hiciese falta la disculpa de la militancia activa en la lucha armada, para ir dejando cadáveres por el camino. En 1975 fueron asesinados varios militantes de base de organizaciones políticas.                                                                                                        

          El 20 de enero, durante un acto en su Portugalete natal, Víctor Manuel Pérez Elexpe, “Bittor”, militante del PCE de 23 años, repartía octavillas en solidaridad con los trabajadores de Potasas de Navarra, cuando el cabo de la Guardia Civil Narciso San Juan del Rey, que iba de paisano, le dio el alto. Víctor trató de escapar y dos disparos por la espalda, uno de ellos alcanzando su corazón, lo mataron. El guardia civil, que vivía en el barrio de Repelega, siendo así vecino de su víctima, fue trasladado de inmediato a otro lugar. La prensa, en su línea, trató de vender la moto de que Víctor iba armado y el picoleto actuó en defensa propia. Durante el funeral, como siempre, represión policial y 30 detenidos. Hasta 2010 no fue reconocido como víctima del franquismo. En 2012, los hermanos de Bittor seguían chocando con el muro de la impunidad franquista, que pervive en la “era democrática” para negar que sean juzgados los que jamás lo fueron.                                                                                                                                                                                                                                                                           

          El 31 de agosto se celebraba, en el barrio donostiarra de Gros, un salto – mani  express, otra cosa era imposible por entonces-  como protesta ante el consejo de guerra contra varios militantes vascos. Jesús Mari García Ripalda, miembro del EMK (Euskadiko mugimendu komunista), de 23 años, era uno de los portadores de la pancarta. Tres miembros de paisano de la Brigada Político Social aparecieron para disolver al personal. Uno de ellos disparó, en el vientre y a bocajarro, a Jesusmari. Trasladado al hospital militar cercano y atendido por monjas en vez de sanitarios, mientras el pedía que llamasen a su familia, una de las religiosas le repetía que rezase...y allí murió. No se permitió poner esquelas en la prensa, que contó, como de costumbre, una versión manipulada de los hechos. La Policía Armada se dedicó a apuntar a la gente, no a boli, sino a fusil, tanto en el funeral como en el entierro. No hubo juicio. Es más, los tres maderos fueron premiados, en nuevo alarde de reírse del pueblo, por el estado. Atribuido popularmente el asesinato a Manuel Lestón , sargento al mando del trio, sin embargo la autoría material apunta a un tal José Fernández Espejo, pero dada la impunidad del caso, es algo que solo lo habrá pagado, en todo caso, la conciencia de uno de los dos.                                                                                     

          Un menor, descubierto conduciendo la furgoneta de su padre, contó a los uniformados que en casa de su padre había propaganda comunista de un amigo de la familia. En el registro encontraron lo que buscaban y cartuchos para pesca clandestina del padre del chaval. Suficiente para que el dueño de los papeles, de tinte comunista, fuese detenido el 30 de octubre por la Brigada Político Social. Era Antonio González Ramos, militante del PUCC, que había vuelto, de Alemania a Tenerife, con la maleta llena de conciencia social y ganas de sacar adelante a sus cuatro hijos. Fue asesinado a hostias por un sanguinario inspector, José Matute Fernández, que teóricamente debía estar trasladado fuera de Tenerife por una paliza anterior a un estudiante. Experto karateka, utilizó a Antonio de sparring, provocándole tantas fracturas que acabó con su vida. Después tiraron su cadáver a una cuneta y dijeron que se había suicidado saltando en marcha del vehículo policial. El tal Matute, cosa poco habitual, llegó a ser procesado, pero escapó a Venezuela y Brasil, demostrando lo fácil que es salir de una isla cuando te dejan hacer, volviendo en el año 77, cuando sabía que sería amnistiado. El PSOE, años después, le dio un puesto como responsable de la custodia de la información sobre detenidos. Es “nuestra izquierda”. Por cierto, que en 1987, Matute dio de hostias a otro compañero. Él es así.                                                                                                                                   

          Si...Franco había muerto hacía dos semanas, pero no tanto el franquismo. Ricardo, Josemari  y Koldo, jóvenes de Beasain, Gipuzkoa, ya habían pasado por la cárcel de Martutene un año antes, por hacer pintadas. Pertenecían a EGAM (Eusko Gazteri Abertzale Mugimendua)  y llevaban casi dos meses escondidos en el monte tras participar en las protestas por los últimos fusilamientos y ver el posterior y continuo goteo de detenciones de estudiantes como ellos. De vez en cuando bajaban al baserri de la familia de Ricardo. Así lo hicieron aquel 2 de diciembre, cuando apareció un nutrido grupo de guardias civiles. Escaparon por una puerta trasera, pero un disparo en el cuello acabó con la vida de Koldo López de Guereñu Otxoa de Aizpuru, de 18 años. No hubo autopsia ni investigación. Ricardo y Josemari fueron llevados a consejo de guerra acusados de desobediencia a la autoridad con resultado de muerte... ¡les pretendían hacer responsables de la muerte de su amigo Koldo!

          Además de estos cuatro militantes de organizaciones políticas, hubo dos víctimas que, sin militar bajo siglas concretas, fueron ejecutados por su acción política, en su caso relacionada con la condición de católicos en su vertiente solidaria. Si antes recordábamos como la Guardia Civil acribilló, el 14 de mayo, al militante de ETA conocido por “Motriko”, no fue la única víctima mortal de aquella operación. Él y otros militantes pernoctaban en casa de un matrimonio de Gernika, miembros ambos de Acción Católica. Iñaki Garai Lejarreta, fontanero de 53 años, fue acribillado nada más abrir la puerta, en lo que fue el inicio del bestial asalto de la Guardia Civil. Su mujer, Blanca Salegi Allende, de 48 años y catequista, corrió a abrazar a su marido moribundo. Sus gritos de dolor fueron acallados a balazos, uno de ellos en el bajo vientre, mortal de necesidad. "Motriko" y otro compañero escaparon por la ventana trasera y en el tiroteo mataron al teniente al mando, un tal Domingo Sánchez Muñoz. 

               Civiles

          Por si esto no fuera suficiente, al menos 25 personas, de todo no hay listados oficiales, sin vinculación alguna con la política, fueron asesinadas aquel año a lo largo y ancho del estado por las fuerzas de seguridad. No parece casual que 14 de ellos lo fueran en Euskal Herria.           Los “controles de la muerte” se llevaron por delante al menos 10 vidas; el 18 de enero, en Lezama y por disparos de la Guardia Civil, a un supuesto ladrón identificado como Emilio Pérez Pérez, de 31 años y natural de Zamora, que residía a medias entre Arrigorriaga (Bizkaia) y Santoña, Cantabria.                                                                                                                                      

          Sin cambiar de provincia ni de uniforme, en Erandio, nada menos que cinco muertos de golpe, cuatro de ellos niños de muy corta edad. Fue el 21 de febrero cuando un vehículo se saltó un control. En vez de avisar a otra unidad para que le cerrasen el paso o apuntar la matrícula, mataron al conductor, Mariano Heredia Escudero. El vehículo cayó al río Asua y murieron ahogados los 4 niños que lo ocupaban, José Santos Etxebarria, de 7 años, su hermana Adela, de 3, y las hermanas Maricarmen (5) y Encarna Aranda Hernández (3). La prensa franquista hizo especial hincapié en el hecho de que fuesen gitanos, aparte de montarse una película de persecuciones kilométricas que acaban en el mismo punto de partida, así como muy poco creíbles. Total, que habían robado ganado y eso parece justificar cinco muertes.                                                                 

          La siguiente también residía en Bizkaia, en Getxo concretamente, aunque su coche fue acribillado, el 27 de mayo, en Donostia- San Sebastián y cambia también el color del uniforme asesino, ya que en su caso fue la Policía Armada  a la que hay que atribuir la muerte, cinco días después, de  Felicitas María Alexandra Leckett, una de las dos alemanas que pudieron comprobar como se las gastaban por aquí. La prensa lo justificaría por la "imprudencia de las turistas".                                                                                                                                                                      

          En agosto, entre Calella y Barcelona, la Guardia Civil tiroteó otro coche que se saltó un control. Lo ocupaban unos cuantos chavales, uno de los cuales resultó muerto. Se llamaba Juan Román Heredia y sólo tenía 13 años. Nada que objetar por los medios del régimen, que a fin de cuentas el chico era gitano y al parecer habían robado el coche.                                                        

          Kepa Josu Etxandi Iturri, carpintero de 39 años, fue ametrallado por la Guardia Civil, el 23 de octubre en la frontera de Luzaide-Valcarlos. Operado varias veces en el Hospital de Navarra, resultó imposible salvarlo. Es lo que tienen las balas dum-dum, que estallan dentro del cuerpo. Fue de esos casos que llamaban "lamentable confusión". Venía de cometer un crimen tal como echar la quiniela y el hombre había tenido incluso, durante un porrón de años, a dos picolos alojados en su casa. Fue la forma de agradecérselo, supongo. Su furgoneta tiroteada quedó en manos de la propia Benemérita  y no hubo mayor investigación.                                           

          Y el 25 de noviembre, solo cinco días después de muerto el dictador, la Guardia Civil asesinó de un disparo a Ángel Esparza Basterra, bizkaitarra de Dima, de 28 años, cuando a su paso por un control junto al cuartel de Legutiano, Araba, acompañado de un amigo, hizo caso omiso del alto recibido y "tuvieron" que abrir fuego contra él. Lo tacharon de quinqui y santas pascuas.  Bueno, sí que la prensa rizó un poco el rizó, destacando que no ya el muerto, que iba en el asiento del copiloto, sino el conductor…era gitano.                                                                                                                                   

          Hubo muchas víctimas más.  Lo ocurrido el 31 de enero lo narraba a su forma el ABC. Contaban que en el barrio chungo de Bilbao, Las Cortes, el albañil de 23 años Bonifacio Martínez Celemín, había sacado una navaja en una pelea callejera. El individuo al que se enfrentaba, era más chulo y sacó una pistola... ¡pum! Y fin de la historia. Se les olvidó decir que el de la pistola era guardia civil.                                                                                                                                                               

           Frantziska Saizar Ureta, de 86 años, murió en  Ondarroa, Bizkaia, el 28 de abril, oficialmente al sufrir un infarto cuando la guardia civil irrumpió violentamente en su casa buscando a su nieto, Andoni.  No pasaría siquiera un mes para que los de verde se llevasen por delante la vida de otro vecino del puerto pesquero limítrofe con Gipuzkoa, ya que el 23 de mayo,  una cuadrilla de chavales celebraba haber terminado COU por su pueblo. Dado que las dos provincias costeras estaban en pleno estado de excepción, no se podía ir por la calle en grupos de más de tres, así que se separaron en tríos para seguir de “jaia”. Al pasar junto al cuartel de la guardia civil, el grupo de Koldo Arriola Arriola, de 18 años, recibió el alto. A él le hicieron un gesto con la mano, indicándole que debía pasar a sus dependencias. Sus amigos escucharon un disparo, efectuado por el picolo Pedro Rodríguez, para después ver a Koldo salir corriendo y desplomarse con un agujero en el corazón. Los uniformados lo metieron en el camión de la basura y lo llevaron al depósito del cementerio. A sus padres les avisaron sin prisa por la mañana, mediante una fría llamada. Precisamente regentaban el bar en el que tomaban el café (o se emborrachaban) los propios beneméritos. Las mentiras de la prensa y la ausencia de condena ni responsables remataron, como siempre, la faena. De hecho se abrieron diligencias contra Koldo, el muerto, por insultos a la autoridad.                        

           Entre las muertes de los dos vecinos ondarrutarras, en otra ciudad costera, pero mucho mayor, como es Vigo, Pontevedra, se manifestaba la clase obrera con motivo del primero de mayo, cuando a un guardia civil, que no estaba de servicio, se le ocurrió bajar a reprimir "elementos subversivos" por su cuenta y en chaqueta de pijama, disparando dos veces. Una de las balas acabó con la vida de Manuel Montenegro Simón, de 48 años, que estaba trabajando en Fenosa en vez de participando en la manifestación y se asomó a la verja de la fábrica a mirar. Aquel día, a nivel de Galicia, hubo 10 detenidos en Ferrol, 14 en Santiago, decenas de heridos... El homicida, Justo Arias Sanfiz, fue absuelto. A quienes hicieron una colecta para poner una esquela en el "Faro de Vigo", también los fueron a detener.                                                                 

          El 15 de Junio, el hojalatero plentziatarra  Alfredo San Sebastián Zaldibar fue asesinado a las puertas de una discoteca de Mungia, Bizkaia, por un guardia civil. Celebraban una despedida de soltero y se originó una bronca sin mayor importancia, resuelta por un benemérito con un culatazo en la cabeza de un amigo de Alfredo, que no dudó en recriminar tal desproporción, lo que le costó ser atravesado por un disparo.  Sus amigos insistieron, al resto de picoletos allí presentes, para que llamasen a una ambulancia. Incluso el dueño del local se ofreció a trasladar al herido  al hospital. Pero parece que los de verde  no tenían muchas ganas de ser invitados a bodas y prefirieron impedir cualquier ayuda amenazando al personal  y dejando morir a Alfredo, cuyo cadáver sería trasladado en jeep directamente al cementerio.   

          Era 29 de septiembre en Burgos, ciudad en la que sólo dos días antes había sido fusilado Ángel Otaegi. El capitán de infantería Victorino Moradillo Alonso, de 42 años, había intervenido en los preparativos de la ejecución. En la barriada militar era bien sabido que era un borracho, putero y de carácter violento, que agredía a su mujer e incluso a la madre de esta. De tragos solía decir que la iba a matar. Y tras una discusión a las dos de la madrugada en plena calle, cuatro horas después, lo hizo. No sólo la mató a ella, María Cristina López Rodrigo, de 38 años y natural de Barrios de Colina. También asesinó a tiros a sus cuatro hijos; María Cristina, de 14 años, María Concepción (13), Victorino (10) y el pequeño David, de sólo 2 meses. Después, llamó a la policía para contar su hazaña y se voló la cabeza. Uno de esos machotes, con muchos galones, que había escrito, sobre un periódico que fue encontrado..."Todos en casa me hacen la vida imposible. Les mato y me mato.” El caso es hilo conductor de una novela.  

        El 26 de octubre, la guardia civil asesinó a Antonio Padilla Corona en Adeje, Tenerife, cuando se disponía a pescar con dinamita, de forma clandestina, junto a dos amigos. Después de muerto, se personó la propia guardia civil en su casa de La Matanza de Acentejo, para decirle a su hermana que cuando volviese, dijese a Antonio que se personase en el cuartel. Debe ser que esperaban resucitase. No hubo juicio, culpables ni indemnización para la familia.                                                    

          Una vez muerto el dictador, al estado español  del año 1975 le quedaban por regalarnos,  en los 40 días restantes, además de dos ya antes citados, cuatro muertos más ;  El 29 de noviembre, Francisco Gallego, de 18 años, salía corriendo de la casa de su novia, en Sabadell, Barcelona, tras una discusión con la familia de la chica. Un Policía Armada, para el que correr te convierte en un criminal, le dio el alto. Al  hacer el chaval “caso omiso”, le pegó un tiro mortal. Tuvieron que pasar siete años para que la familia recibiese una ridícula indemnización de un millón de pesetas. Eso fue todo.                                                                                                                

          Un policía casi siempre va armado. Con un policía no se puede discutir. Por eso y por nada más que eso murió, el 2 de diciembre, el vascofrancés  Henri Etxeberri, cuando tras una discusión con uno de los "grises" en un bar de Madrid, este sacó su pistola y terminó así la discusión.     El 4 de diciembre, José Ramón Rekarte, natural dePamplona- Iruña, moría tiroteado por un centinela en la base militarde Araca, en las afueras de Vitoria-Gasteiz, donde hacia el servicio militar. (Nota; Si hubiese datos más concretos de los muertos en la “mili”, sería un listado interminable, son 1960 reconocidos por el Gobierno desde que se empezaron a cuantificar, que se dice pronto. Solo casos muy evidentes de asesinato u homicidio han ido trascendiendo a la prensa).   

Estás a última hora de la tarde con tu novia en el coche...charlando, dándote besitos...ves que se acercan varios individuos, pones el motor en archa y te ametrallan hasta matarte. Eso es lo que le ocurrió a Kepa Tolosa Goikoetxea  el 9 de diciembre en Beasain, cuando tenía 28 años. Parece ser que a los guardias civiles había que distinguirlos y cuadrarse ante ellos incluso cuando iban de paisano, ya que hasta confundirlos con maleantes podía ser motivo suficiente para que te matasen. No hubo ninguna investigación.                                                                                                        

          De todos estos asesinatos, apenas cuatro vieron iniciar algún proceso judicial, pero todos ellos acabaron en sobreseimiento o absolución.

           Primeros atentados de autoría ultra o parapolicial

           A pesar de la impunidad aquí relatada, tampoco bastaba únicamente con los métodos  policiales y la colaboración del estado como amparo. Hacía falta algo más, algo que amedrentase a un pueblo que se resistía a agachar la cabeza ante tal atropello.  Algo no tan reconocible como un uniforme oficial, un enemigo que atemorizase sin poder ser identificado ni señalado. Así las cosas, la maquinaria del terror ultraderechista diseñada para “el norte” se puso en marcha en abril de 1975, cuando la librería Mugalde de Hendaia, descrita un año antes por el ABC como “propiedad de ETA”, sufrió un primer atentado por medio de una bomba que causó, además, el destrozo de tres vehículos. Un mes después sufriría un segundo atentado similar. En solo seis días del mes de mayo hubo 31 atentados contra vehículos, bares, sedes de colectivos, ikastolas…cualquier cosa que se vinculase al mundo abertzale. En Ondarroa incluso ametrallaron, estando en su coche, a un sacerdote que había sido absuelto de la acusación de colaborar con ETA. En los meses de junio y julio fue “Nafarroa”, otra librería de Iparralde, la que sufrió sendos atentados mediante bomba. En agosto fue ametrallada una furgoneta con 15 refugiados vascos que volvían de Baiona tras participar en una manifestación contra el franquismo.  Pero faltaba dar un paso más, el de causar víctimas mortales.

          El “Etxabe-enea”, en el alto de Kanpazar, entre Elorrio y Arrasate, ya había sufrido dos explosiones previamente, el 12 de mayo y a finales de julio. El restaurante que llevaban otros dos hermanos Etxabe en Baiona, había corrido la misma suerte en junio. El 4 de octubre incendiaron el coche de Juanjo Etxabe en Donibane Lohitzune. Era el precio por estar vinculado a ETA. Precio a pagar por uno mismo o por cualquier familiar. Solo un día después, el 5 de octubre, tras un atentado de ETA contra la Guardia Civil de Oñati, tres encapuchados entraron en el Hostal- Restaurante que regentaban Luis e Iñaki, echando botes de humo al grito de”¡todos al suelo!”. Se dirigieron hacia Luis diciéndole “venimos a por vosotros” mientras ametrallaban el local. Luis escapó, pero en ese momento, su hermano, Iñaki Etxabe Orobengoa , de 39 años y que tenía tres hijos de corta edad, salió de la cocina y fue ametrallado. La acción fue reivindicada, un año después, por el comando Beldarrain del grupo paramilitar ultraderechista BVE (batallón vasco-español). En el entierro, la familia y allegados tuvieron que acompañar el cadáver mientras eran apuntados, metralleta en mano, por un grupo de guardias civiles. Y así, como chiste malo del franquismo, resulta que, un mes después, a la familia Etxabe le llegó la factura de la autopsia de Iñaki, aunque la propia autopsia ni les dejaran verla. El gobierno español jamás ha reconocido como víctima del terrorismo a Iñaki. En 2013 su familia seguía solicitándolo, pero se toparon con una nueva negativa, lo cual significa que además de ver como nada se hizo por esclarecer el caso, tampoco recibieran ni recibirán ninguna indemnización. El calvario para la familia Etxabe no queda ahí. En 1978, en Donibane Lohitzune, tres mercenarios, bajo las siglas de la Triple A, ametrallaron a Juanjo y a su pareja, Agurtzane Arregi. Etxabe pudo salvar la vida, no así ella, muerta en el acto con 11 impactos de bala alojados en su cuerpo.

           Este primer asesinato, el de Iñaki, en el haber de los grupos de ultraderecha, trajo consigo el segundo. Fue solo una semana después, el 12 de octubre. Germán Agirre Irualegi , de 38 años, dos hijos,  era natural de Bergara pero taxista en Arrasate- Mondragón. Era cliente del “Etxabe-enea” y reconoció, entre los autores del atentado al menos a un guardia civil que conocía de vista. Seria encontrado cerca del cuartel de Legutiano, Araba, en el interior de su taxi y con tres disparos en la cabeza. Cuenta la familia que durante los días siguientes al asesinato de Iñaki, la guardia civil anduvo preguntando por el con insistencia.  Otro chiste malo resultaría el hecho de que el amago de investigación del asesinato de Germán corriese a cargo del señor Antonio Tejero…sí, el del 23f. Curiosamente, en los listados de la AVT aparece como víctima de ETA, aunque en el alto Deba se sepa muy bien el color de quien lo mató y porqué. Será, por tanto, uno de esos 300 sin esclarecer de los que tanto hablan algunos, omitiendo que, si no se esclarece, seguramente sea porque los autores gozaron y gozan de la protección del estado, como deja bien claro el hecho de que tras alrededor de 50 atentados ultras cometidos durante 1975 en Euskal Herria (o más allá, dos días después del atentado de Germán le tocó a la librería de la editorial Ruedo Ibérico en Paris sufrir otro reivindicado por “ATE-Antiterrorismo ETA” ) , nadie fuese detenido, juzgado ni condenado.

           Y eso que eran solo los primeros ensayos, en los que algún mercenario ya voló por los aires, por cierto, para lo que nos quedaba por ver en los años venideros. Aquí lo recordaremos.