Las victimas invisibles. Terrorismo de Estado (II)

          Euskal Herria

          Tras adoptarse principios marxista-leninistas en la “VI asamblada” de ETA en 1.970, surgieron nuevas tensiones entre el mayoritario sector obrerista, que supeditaba la lucha armada a la lucha política ligada a las organizaciones obreras (ETA-VI) y el sector militarista, que quedaría como ETA-V. Tras El Proceso de Burgos en el que fueron juzgados 16 militantes de los cuales 6 fueron condenados a muerte, las numerosas presiones internacionales contrarias a tal decisión que provocaron la conmutación de la pena capital, el atentado contra Carrero Blanco de 1.973 y la nueva escisión de la que surgieron ETA-m (Militarra) y ETA-pm (Politiko-militarra), el estado daría una nueva vuelta de tuerca a su estrategia mortífera de represión. En esas se desarrollaron los siguientes acontecimientos por el norte de la península, donde se dieron nada menos que 25 de los 43 asesinatos, cometidos por uniformados de diferentes colores, que aquí vamos a recordar;

           El 14 de marzo de 1970, moría tras varios días sometido a torturas, el joven Javier Escalada Navaridas, de 21 años, detenido por la Brigada Político Social en las protestas de Pamplona- Iruña contra la ley de educación franquista. Otro navarro, Manuel Andueza Elizalde, criado en Estados Unidos, regresó a Bera,  cuando al poco tiempo,  yendo a Donostia, tuvo un pequeño accidente de tráfico. Ambos conductores estaban de acuerdo en la resolución del tema hasta que llegó la Guardia Civil a importunar,  originando una discusión que terminó con tres balas en el pecho de Manuel, el  17 de julio del mismo año.

          El 6 de octubre,  el conductor de "Potasas de Navarra" Anacleto Rebolé Irigoyen, de 38 años, había quedado con el pagador de la empresa.  Al picoleto que ejercía de escolta “se le disparó el subfusil  en extrañas circunstancias”, acabando con la vida de Anacleto en el acto. La manifestación del  4 de diciembre en Eibar contra el Proceso de Burgos, consejo de guerra contra 16 miembros de ETA para los que se solicitaba pena de muerte, hizo que la localidad gipuzkoarra fuera tomada por uniformados de todo tipo. Un policía de paisano, José Ramón Sánchez Pizarro, disparo a 2 metros de distancia al joven de 21 años Roberto Pérez Jauregi, militante del PCE, que moriría 4 días después. La guardia civil remató la faena impidiendo la entrada en Eibar a quienes no siendo del municipio, acudían al entierro de Roberto.Antonio Goñi  Igoa, de Etxarri Aranatz, fue detenido en otra manifestación contra el Proceso de Burgos, celebrada en Donostia, por gritar "Gora Euskadi askatuta". Tras ser torturado fue puesto en libertad bajo fianza de 200.000 pesetas pagadas por su mujer, un pastón indecente en esa época.  4 días después, 21 de diciembre, se suicidó dejando una carta para su mujer que sería confiscada para siempre por la policía franquista. También las secuelas de las torturas sufridas en un cuartel de la BPS, en su caso el de Indautxu, Bilbao, fueron la causa de la muerte, el  19 de febrero de 1972, del basauritarra Juan José Munduate Zamakona.  Poco después, el  15 de marzo, moría, acribillado por la espalda por la Guardia Civil, Jon Ugutz Goikoetxea Elorriaga "Txapela", cuando intentaba cruzar la frontera por Elizondo, Nafarroa. Tenía 22 años y era de Derio. Su hermano Mikel, que adoptaría el sobrenombre con el que se conocía a Jon, sería asesinado por el GAL en 1983.  

           El 1 de abril estalló en Lezo, Gipuzkoa, una granada extraviada por el ejército español. Murieron dos vecinos de Orereta, Juan Etxebarria e Ignacio Elosegi. El 2 de septiembre se presentaron en Lekeitio, Bizkaia,  200 uniformes verdes bajo  el mando de un tal Hidalgo, arrojando  bombas lacrimógenas en la casa en la que estaban dos militantes de ETA. Joxe Benito Mujika Zumeta, "Xenki", zarautztarra de 22 años, se asomó  a la ventana y cayó abatido de un disparo.  Mikel Martínez de Murgia Mendizabal ,”Mikelon”,  bilbotarra de 27 años, abrió la puerta pidiendo un médico y recibió 44 balazos que le partieron el cuerpo en  dos. 

            El día 20 de ese mismo mes,  la Guardia Civil asesinaría en Urdax, Nafarroa, a Jon Andoni Aranguren Mujika,"Iharra", militante bilbotarra de 22 años, cuando estaba ojeando un mapa con la idea de cruzar la muga a Iparralde

          Ya en 1973, el 19 de abril en Algorta, la policía encontró a Eustakio Mendizabal Benito, "Txikia" y otro militante de ETA que consiguió escapar. Eustakio, de 28 años y natural de Itsasondo, Gipuzkoa, resultó abatido a tiros en la huida. Antes de ingresar en ETA ya había estado en la cárcel por dar clases y organizar actos por el euskera y no pagar las innumerables multas que por ello recibió. Dos años después, ETA ejecutó, en el mismo barrio getxotarra que le vio morir, a José Ramón Moran, el policía franquista que durante ese tiempo no se cansó de repetir en el pueblo que él había matado a Eustakio.       

          El 23 de mayo fue tiroteado en Altsasu, Nafarroa, un tal José Luis Martín Zaratiegi, bilbaíno de 25 años nacido en Madrid. El "fiable" ABC  narraba como un tipo había sido requerido para su identificación y tras comprobarse que era un delincuente, el tío había huido cargándose a uno de los guardias civiles. Su nombre completo, Antonio García Colado, dirección, nombres de sus padres, historial delictivo…todo fue publicado. Pero luego resultaría que el muerto por disparos de los picoletos era otro, el citado José Luis, así que parecía evidente que los de verde se cargaron al que no era. La prensa franquista lo solucionaría con su descaro habitual…”uy, que no fue el Toño que describimos ayer con pelos y señales, que fue Pepe”. Total, Pepe, en el cementerio ya, no iba a decir lo contrario.

          Los controles de la muerte eran una constante a lo largo del estado, pero en Euskal Herria, la disculpa de ETA servía para que fuesen mucho más habituales que en ningún otro lado. Así, el 7 de septiembre en el barrio bilbaíno de La Peña, un coche se saltó un control de la guardia civil, que dispararía matando a uno de los ocupantes del vehículo, el joven de 24 años Rafael Quilez Rodríguez, de Salinas, Puerto Rico, pero domiciliado en la capital de Bizkaia.  La misma suerte correría el 16 de octubre el  gasteiztarra de adopción y pacense de nacimiento Joaquín Diestre Barroso, 36 años, pintor de profesión y sin antecedentes de ningún tipo, en un control de carretera de la Guardia Civil en Fruiz, también en Bizkaia. Les pareció que enarbolaba una pistola y como “les pareció”, bien muerto estaba.  En 2016 se le homenajeó en Vitoria-Gasteiz, participando todos los grupos políticos menos el PP, ese partido que tanto saca “las victimas” a relucir.           

           Hasta el 29 de octubre de 1973 nadie había escapado de la cárcel de Nanclares. Ese día lo hicieron un preso marroquí y el portugués Horacio Da Silva Veloso. A las 21.30, en la localidad de Manzanos, la guardia civil localizó a Horacio, a quien dieron el alto. Salió corriendo y “ le tuvieron que disparar" en virtud de la “Ley de fugas” que daba vía libre para tirar a matar a cualquier fugitivo. Murió de camino al hospital de Miranda de Ebro. Mohamed Ben Abdelkader Allal se convirtió así en el primer preso en completar con éxito la fuga del penal alavés.  El 6 de diciembre,  la Policía Armada rodeó la casa de Donosti en la que se encontraba el militante de ETA Josu Artetxe Aiesta,  zeberiotarra de 21 años, junto a la pareja que le daba cobijo. Ametrallaron y gasearon la vivienda hasta que, al acercarse Josu a una ventana, un francotirador lo dejó seco. La versión oficial lo vendió como un suicidio.    

          Entrado ya el año 1974, Fernando López de Aberasturi Remiro tenía 19 años. Santiago Arbeo García sólo 18. Jugaban juntos en el equipo de futbol de su pueblo, el Alegría. Los dos vecinos de Dulantzi, Araba, fueron encontrados a las 7 de la mañana del 8 de abril, en la carretera entre Azilu y Gauna, tras su desaparición el día anterior. Un médico del hospital de Santiago afirmó que tenían heridas de bala, pero nadie lo reflejó en el informe. Mucho miedo a los uniformes. No se permitió que los familiares vieran los cadáveres y sin embargo la guardia civil registró las habitaciones de los dos chavales, extraños detalles para lo que oficialmente se quedó en que "fueron atropellados cuando cogían caracoles". En el pueblo siempre se ha creido que los detuvieron los picolos del cuartel de Alegria-Dulantzi, los torturaron y los dejaron tirados en aquella carretera.                  

          Cuatro militantes de ETA cayeron muertos por las balas de los tricornios en 1974. El 20 mayo, Roke Xabier Méndez Villada "Poeta” o “Txapelgorri”, santurtziarra de 20 años, y José Luís Mondragón Elorza " Moriko", arrasatearra de 25, cruzaban en un bote hinchable de Iparralde a Hondarribia, Gipuzkoa, junto al que resultó ser un confidente de la policía, el ultra Jesús Arrondo  Martín, "Cocoliso". Nada más llegar a la playa, el infiltrado se separó de sus dos acompañantes, que fueron ametrallados por un equipo conjunto de Policía Armada y Guardia Civil. Roke, que no llegó a conocer a su hija Ainhoa, no pudo ser enterrado en un Santurtzi  tomado policialmente, mientras a la familia de " Moriko" no le dejaron siquiera  ver el cadáver.  "Cocoliso" fue detenido por la policía francesa años después, portando armas, explosivos y datos de militantes de ETA, tras amenazar  con su pistola a los presentes en una manifestación pro amnistía en Donosti. Condenado a 3 años, no los llegó a cumplir. Son las ventajas de trabajar para los oficialmente "buenos". Tendría tiempo, incluso, de ser uno de los cómplices del " Dioni" cuando el estrábico vigilante se piró a Brasil con la pasta de aquel famoso furgón.   El 11 de septiembre, día de redada general,  el militante de ETA Jon Urzelai Imaz, 26 años, de Arano, Nafarroa, llegaba al piso en el que estaba viviendo en Bilbao tras haber huido dos meses antes desde el hospital.  Nada más entrar, varios guardias civiles, que le esperaban dentro, lo acribillaron. 

          Iñaki Iparragirre Aseginolaza "Iparra", de 19 años y natural de Idiazabal, había quedado  con un contacto, el 29 de octubre, en un bar de Pasaia, Gipuzkoa. Este ya había sido detenido, así que al cabo de un rato de espera, "Iparra" salió del bar. Al pedirle la documentación un guardia civil de los dos que le esperaban, salió corriendo. Alcanzado por la espalda, desde el suelo consiguió disparar, hiriendo a uno de ellos, el sargento  Jerónimo Vera García, que finalmente moriría. A Iñaki lo dejaron desangrándose en el suelo hasta que un particular lo llevó al hospital, donde murió el día 31.

          El año lo remataria un caso que solo puede calificarse como de auténtica atrocidad, de esos que definen claramente la forma de actuar de los uniformes fascistas e invasores en Euskal Herria. El 18 de diciembre, Mikel Salegi Urbieta, de 21 años, volvía a su casa en Donostia tras una cena con amigos. Llovía mucho y no vieron un control de la Guardia Civil. Les ametrallaron, recibiendo Mikel 18 disparos efectuados por tres beneméritos. Dejaron su cuerpo en el suelo y detuvieron al conductor, dedicándose a  “lo importante”, recoger los casquillos. El resto de amigos de Mikel  trataron de llevarlo al hospital, pero otro control, de la Policía Armada,  les retuvo 10 minutos que pudieron ser clave para que fuese imposible salvarle la vida. El funeral fue también  una auténtica salvajada; no dejaron a la familia ver el cadáver, los "grises" y ultraderechistas golpearon a la gente a la salida de la iglesia, provocando un aborto por los golpes, que un joven perdiese un ojo y la muerte por infarto de una señora. Detuvieron a más de 100 personas, algunos de los cuales fueron encarcelados entre uno y dos meses. Para variar, el caso fue archivado sin culpables de ningún tipo.  Su familia es una de esas que lleva décadas luchando y dando muestras de su enorme dignidad, no dejando que su sufrimiento sea utilizado por terceros que relegan el caso de Mikel y el de todos aquellos cuyos verdugos cobraban del estado, a la categoría de victimas de segunda o cuarta.       

Resto del estado                                      

 La represión asesina del Franquismo, como no podía ser de otra forma, no solo dejó  su sello en Euskal Herria. Otros territorios tuvieron también su dosis; Que el convenio de la construcción en Granada acabase siendo “uno de los menos malos” no es  fruto de la casualidad. Costó vidas. 6.000 manifestantes del sector se echaron a la calle el 21 de julio de 1970 para reivindicar sus derechos. Hubo un ultimátum de la Policía Armada, según el cual, al tercer toque de corneta cargarían contra los que no se disolviesen. Cientos de heridos, 113 detenidos y tres muertos. Manuel Sánchez Mesa, de 27 años, Antonio Cristóbal Ibáñez (43) y Antonio Huertas Remigio, de 21, que fue disparado en la sien y a cuya familia la Guardia Civil impidió enterrarlo en Maracena, su pueblo. Nadie pagó por ello, ya que la causa fue sobreseída y  no se indemnizó a las familias hasta casi 40 años después. La propaganda del régimen vendió su película a través de la prensa, mediante una  crónica del asunto realizada directamente por  el Gobierno franquista

             El 13 de septiembre de 1971, durante una huelga de la construcción en Leganés, el albañil Pedro Patiño Toledo, militante del PCE y CCOO, fue asesinado por un Guardia Civil de un disparo, por no recoger las octavillas y panfletos que estaba repartiendo. Natural de Puebla de Almoradiel, Toledo, tenía dos hijos e iba a cumplir 34 años. 

           El 18 de octubre,  tras el encarcelamiento de 23 huelguistas, 7.000 trabajadores de SEAT  de Barcelona se parapetaron en los talleres de la fábrica. Respondieron a las cargas de la policía franquista  usando  tornillería como arma defensiva. Murió  tiroteado el obrero Antonio Ruiz Villalba. 

           Añadir que 1971 fue, además de los dos casos aquí relatados, el año en que se detuvo al “Arropiero”, considerado mayor asesino en serie del siglo en el estado español y que, no podía ser de otro modo, también estaba vinculado a los distintos uniformes, en su caso al de la Legión, donde para más inri, aprendió el golpe con el que mató a varias de sus víctimas. Llegó a confesar  48 muertes, de las cuales la policía le acusó de 22 y se dieron por probadas 7. "El Arropiero", mote con el que se conoció al sevillano Manuel Delgado Villegas, se movió por toda la península, Francia e Italia entre 1964 y 1971, asesinando a golpe de instinto primario, porque no le diesen lo que pedía, por robar, por sexo necrófilo...Los siete casos que se le atribuyen con seguridad se iniciaron con el hombre al que golpeó con una piedra estando dormido en la playa barcelonesa de Llorach en 1964, siguiéndole la joven francesa a la que violó, estranguló y acuchilló en una masía ibicenca en 1967, el aldeano con el que puso en práctica el "golpe legionario" por no darle de comer en Chinchón, Madrid, en 1968, el adinerado cliente que no le quiso pagar lo que pedía por un servicio sexual en Barcelona y la anciana que no quiso tener relaciones con él en Mataró, Barcelona, con la que, tras estrangularla, volvió varios días a practicar sexo con el cadáver, ambos casos en 1969. Una vez asentado en el Puerto de Santa María, Cádiz, en diciembre de 1970 asesinó con su golpe favorito a un estudiante cordobés con el que se relacionaba. Mes y medio después, estranguló a su pareja, que la tenía por entonces, mientras hacían el amor, volviendo a practicar necrofilia con ella. Esta vez, en enero de 1971, fue detenido y confesó 48 asesinatos en total. Además de los cometidos en Italia y sobretodo Francia, quedaron sin probarse otros en Barcelona, Madrid, Valencia o Alicante. Varias de esas víctimas fueron señores adinerados con doble vida, que recurrían al Arropiero en su condición de chapero y cuyas familias es posible que prefiriesen dejar al muerto con su secreto y al ex legionario con la carga del resto de sus más que suficientes inculpaciones. Tras 6 años en el trullo sin ser juzgado, se le acabó declarando inimputable por su estado mental, siendo internado en un psiquiátrico hasta ser puesto en libertad en 1998. Al poco tiempo, convertido casi en una planta a causa de la medicación y sus fantasmas internos, murió.    

           Pedro Martínez Expósito era un pobre diablo de 21 años, natural de Gandía, Valencia. De familia acostumbrada a comer lo justo y con cierto retraso mental, estaba haciendo el servicio militar. De permiso en el pueblo, entró en una casa a robar. Al ser descubierto, mató con una azada a una mujer  y a su hija de 16 años. Horrible crimen que, eso sí, sólo para un don-nadie podía suponer ser el último fusilado no político del franquismo. La ejecución, para la que se seleccionaba a sorteo a chavales que, como él,  estaban haciendo la mili, se realizó el 8 de enero de 1972 en un cuartel militar valenciano. Poco después, el 10 de marzo, 4.000 personas se manifestaban por los derechos de los trabajadores de Astilleros de Bazán, en Ferrol. La Policía Armada disparó matando a dos militantes de CCOO y el PCE, Daniel Niebla García y Amador Rey Rodríguez. Ambos contaban 38 años y el segundo tenía dos hijos. Hubo cerca de 100 heridos y 4 manifestantes se comieron 4 años de cárcel, mientras que, para variar, nunca se juzgó a nadie por los dos asesinatos. En 2014 se propuso conceder a los asesinados la medalla de Galicia en el Parlamento de dicha tierra, pero el "no" del PP  imposibilitó dicha posibilidad. En su línea.  La fecha de la muerte de Amador y Daniel da nombre a una fundación y desde hace décadas es el día de la clase obrera  gallega.         

          Tras un atentado en el consulado francés de Zaragoza, atribuido erróneamente a ETA -fue obra de un grupo de estudiantes autodenominados Hoz y Martillo-, la Guardia Civil tenía el 2 de noviembre varios controles establecidos en Aragón. A la altura de Castejón de Monegros, Huesca, ametrallaron un coche, en el que pensaron iban los fugitivos, muriendo un joven de Benimamed, Valencia, llamado José Esteven Abellán (José Díaz Samaniego, según otras fuentes). Al percatarse del error, a la Benemérita le quedaba uno de sus comodines habituales, ese de  “eran unos delincuentes de todos modos". Asunto zanjado. Que un madero fuese condenado en esa época es tan poco habitual que casi podríamos dar por hecho que la familia de la víctima no era una familia cualquiera. Y no lo era, no. Eran más bien eso que suele catalogarse como “familia influyente”. Fue la noche del 3 al 4 de diciembre  en Santiago de Compostela, A Coruña, cuando Luis Miguel Quiroga Bouza, subinspector del Cuerpo General de Policía, disparó desde 5-6 metros al estudiante de medicina José María Fuentes Fernández, que al estar de costado, fue atravesado en un brazo y el pecho por una de las dos balas disparadas con la disculpa de que el poli esperaba a que se produjera un robo del que había recibido un chivatazo. Pero no, los chavales a los que vio correr, no eran cacos. El agente fue condenado a 17 años y 4 meses.    

           La Guardia Civil se llevó dos vidas por delante en Catalunya a lo largo de 1973. Manuel Fernández Márquez, natural de Badajoz y de 27 años, llevaba sólo 3 meses viviendo allí, cuando el 3 de abril, fue ametrallado por los Beneméritos  en el transcurso de una manifestación de 2.000 obreros en la central térmica de Sant Adriá de Besòs, Barcelona.  Los mismos picoletos que lo mataron, impidieron a un compañero leer, en el funeral,  el poema que había escrito en  honor de Manuel, que tenía un hijo de 2 años.           

           Cipriano Martos Jiménez era un militante del PCE y del FRAP de 28 años, natural de Loja, Granada, que marchó, como tantos, a buscarse la vida al norte. En una de las muchas protestas contra la política represiva franquista, fue detenido el 25 de agosto, por repartir propaganda. Torturado varios días en Reus, Tarragona, la Guardia Civil le hizo beber productos corrosivos que, tras varias semanas, le acabaron quemando por dentro, hasta su muerte el 17 de septiembre. Cuando su madre quiso ver el cadáver, los de verde la dieron de hostias. La prensa internacional se hizo eco de su espeluznante caso, la española  va a ser que no. De la justicia mejor no hablamos, ya que este es otro de esos casos en que se ha tenido que actuar desde Argentina para tratar de depurar responsabilidades, más de 40 años después.      

            El mismo día en que eran ejecutados mediante garrote Vil Salvador Puig y Georg Welzel, un tercer hombre acusado de lo mismo, matar a un miembro de las fuerzas del orden, fue indultado por el mismísimo Francisco Franco. ¿Raro? Para nada. Me explico. Se le condenó a muerte por haber asesinado el 31 de octubre de 1973 al capitán de la Guardia civil de La Palma del Condado, Huelva, Francisco Manfredi Cano. Y es que Franco tenía su corazoncito y era muy piadoso a veces, sobre todo cuando el homicida es también Guardia civil y además se llama José Antonio Franco Martín. ¿Sería  sobrino lejano del dictador o algo? El caso es que a veces, bastantes, se mataban entre ellos. No seré yo quien honre igual a tales víctimas, pero justo es reflejarlo y contabilizarlo.                                                                                       

          Tras el atentado el día anterior de Carrero Blanco, la madrugada del 21 de diciembre, un chaval de 19 años,  Pedro Barrios González, se dirigía a casa tras la jornada de trabajo. Llovía mucho y se refugió en un portal. Al seguir su camino un policía le dio el alto, pero el chaval se asustó y se escondió tras una furgoneta. Por ley se podía disparar a quien huía, así que el madero le atravesó la mandíbula de un disparo. Murió días después, el  5 de enero del  74. La escasa prensa española que sacó a la luz la noticia, lo hizo manipulando la verdad, hablando de que se trataba de uno de los autores del atentado, cuando era un crio que trabajaba hasta tarde en un local de hostelería madrileño. A la familia no se le indemnizó hasta cinco años después, aunque comparando con la regla general en estos casos, casi hasta tuvieron suerte.    

          Entrados ya en 1974, el 2 de marzo se llevaron a cabo las dos últimas ejecuciones mediante garrote vil de la España franquista,  a pesar de la presión internacional, incluidas las peticiones de clemencia por parte del Papa. Miembro del "Movimiento Ibérico de Liberación", a Salvador Puig Antich, de 25 años y ejecutado en Barcelona, se le acusaba de matar a un policía en septiembre del año anterior, cuando iban a detenerle a él mismo y a varios compañeros. Las pruebas fueron manipuladas, el policía tenía 5 heridas de bala y no todas fueron disparadas desde la posición en el tiroteo de “El Metje”. Décadas después, aún prosiguió el caso en la lejana Argentina y a través de la querella de la jueza Servini, en un intento de hacer justicia con los responsables de su ejecución, pero esas cosas en Españita quedan impunes, ya sabéis. Su verdugo fue Antonio López Sierra, un falangista, taurino y machote, que tenía que ponerse chato de alcohol para hacer su repugnante trabajo, que venía desempeñando al menos desde 1963, año en que se encargó de ejecutar a Francisco Granados y Joaquín Delgado, del FIJL. El verdugo ejecutaba, pero los responsables eran otros. Uno de ellos  el que fuera ministro,  recientemente fallecido y despedido con el “Cara al sol”, el malagueño José Utrera Molina, que convalidó con su firma la ejecución de Salvador Puig. Falangista, suegro del pepero Ruiz Gallardón, miembro de la fundación Francisco Franco, no hace nada le fue retirada la medalla de la Diputación de Sevilla por un artículo en el que hacía, sin cortarse un pelo, apología franquista. Otro reclamado por la justicia argentina por el mismo motivo, era el lucense Antonio Carro Martínez, que era ministro de la presidencia. Después , con el PP, fue vicepresidente segundo hasta 1989. También  firmó la ejecución  el ministro de Hacienda Antonio Barrera de Irimo, paisano del anterior y que aprovechó bien las puertas giratorias, colocándose de presidente de Telefónica durante unos añitos. Ya ha palmado, como otro ministro que rubricó la ejecución de Salvador Puig, el de Trabajo, el toledano Licino De la Fuente De la Fuente. Ultra católico y falangista, luego fue cofundador de AP. Carlos Rey González  fue el abogado que redactó la sentencia condenatoria. ¿Y a quién representaba este gusano hace escasos añitos? Pues a la pepera Alicia Sánchez Camacho.     

             La memoria de Puig Antich, su imagen, va unida para siempre a la doble imagen de un hombre anónimo. El de la izquierda era Heinz Chez y era polaco y huérfano. El de la derecha era Georg Michael Welzel , de 29 años, y era de la República Democrática Alemana, donde tenía hermanos, pareja y 3 hijos. Son la misma persona. La foto de la izquierda es falsa, retocada por la policía española y publicada por "El caso" después de que Welzel matase a un guardia civil en un camping de Tarragona. Todo ello lo sabía la Interpol  y quiénes firmaron su sentencia de muerte. Interesaba mostrar que no sólo se ejecutaba a militantes antifranquistas y el polaco, que no era tal, era la víctima perfecta para aplicarle el garrote vil el mismo 2 de marzo de 1974 en que se iban a cepillar a Salvador Puig Antich. Había otro candidato, Antonio Franco, que también había asesinado a un capitán de la Guardia civil. Pero es que él también era picoleto, así que fue, como no, indultado. A Welzel lo ejecutó, en Tarragona, un verdugo sin experiencia, José Moreno Renomo, que tenía otra profesión pero fue el único en presentarse a una plaza que dejó vacante un veterano. La de Welzel fue la única vez que ejerció como tal, de lo que esperaba librarse, ya que no sabía ni colocar el mecanismo, así que resultó un esperpento de ejecución. No lo hizo bien y el alemán tardó 25 minutos en morir. 10 minutos después, en Barcelona, un veterano en estas lides ejecutaba a Puig Antich.  Muchos años después, familiares de uno y otro fueron reunidos por el periodista que investigó durante años sobre la verdadera identidad de aquel polaco llamado Heinz Chez que no era polaco ni se llamaba Heinz Chez.

          José Luis Herrero Ruiz vivía en Badalona con su mujer y 7 hijos de uno a 9 años. El 8 de junio fueron a detenerlo dos agentes de la Brigada Superior de Policía. Lo tenían contra una pared, dispuestos a ponerle las esposas cuando, según la  versión policial, trató de sacar una navaja. El madero, de 20 años, Sebastián Trapote Gutiérrez, que llevaba un mes en el cuerpo, le disparó por la espalda desde 20 centímetros de distancia, acabando la bala en el corazón de José Luis. Dos indultos y un sobreseimiento después, Pilar, la viuda, decidió no rendirse. Dado que a José Luis le faltaban días para cumplir 2 años en la empresa de autobuses en que trabajaba, ella no percibía indemnización alguna para alimentar a sus hijos. En 1983 consiguió que el estado asumiese la responsabilidad, al menos en lo económico, recibiendo 7 millones de pesetas. En cuanto al asesino...en 2015 fue nombrado, por el Ministerio de Interior, nada menos que jefe superior de Policía de Catalunya, así que le hemos podido ver declarando en el juicio del “procés” de Catalunya, como uno de los máximos responsables de la actuación policial.                

           El 1 de agosto, el pueblo de Carmona, Sevilla, se manifestaba pidiendo mejoras en el desastroso servicio de aguas. La guardia civil del cuartel del pueblo controlaba la protesta sin problema aparente y  además  también a ellos les afectaba el problema. Pero a última hora de la tarde llegaron en autobús decenas de picoletos, para a base de culatazos, amenazas, arrastrar de los pelos y finalmente a tiros, dispersar a la gente. Varios heridos, un chaval de 15 años grave y Miguel Roldán Zafra muerto, a los 37 años y con tres hijos pequeños. Como habitualmente, la crónica del ABC, siempre defendiendo al régimen, y la presencia policial de siempre en el entierro, remataron otro episodio de vergüenza nacional.    

Quedaba un año de franquismo, que iba a ser mucho más prolífico en asesinatos perpetrados por el régimen que los que acabamos de recordar, de tal modo que 1975 da para tanto que merece, por desgracia, capítulo aparte. Será el siguiente.