SAHARA OCCIDENTAL Y EL DERECHO DE AUTONOMIA
26-3-2022
Allá por las últimas décadas del siglo XIX, en plena época de las invasiones coloniales, España estableció algunas factorías en la costa del Sahara Occidental. Sobre la base de esa situación de hecho, en 1884 decidió reclamar ese territorio africano y comenzó su ocupación en 1916.
Primero lo convirtió en “Agrupación de Territorios del África Occidental española” y más tarde en Protectorado, pero resultó un territorio muy rico en recursos naturales, como yacimientos de fosfatos, petróleo, gas y circonita, además de la pesca, por lo que en 1958 decidió convertirla en Provincia española, la nº 53, con el criterio de aquella su primera Constitución de 1812, conocida como “La Pepa”, en la que s e establecí a :
Art. 10.- El territorio español comprende, en la Península: Aragón, Asturias, Castilla…Cataluña, Córdoba…Galicia, Granada…Navarra, Provincias Vascongadas…las Islas Baleares y las Canarias. En América: Nueva España, Nueva Galicia, Yucatán, Guatemala…Cuba, Sto. Domingo…Venezuela, Perú, Chile…En Asia: las islas Filipinas…
En fin, medio mundo, que había invadido, conquistado y ocupado. Todo eso entonces, era España por decreto, era “legal”, porque lo decía su propia ley. Todos aquellos países que lograron recuperar su independencia lo hicieron arrebatándosela por la fuerza a España, porque la “madre España” no entendí a más razones.
La cuestión es que, en el caso del Sahara Occidental, Marruecos también se dio cuenta de los valiosos recursos que tenía para ser explotados y expoliados, por lo que decidió, en 1975, apropiársela, mediante una “marcha verde” compuesta por 350.000 civiles y 25.000 militares camuflados entre ellos, que atravesó las fronteras del “Protectorado”. Invasión organizada, claro está, por los EEUU de la mano de Kissinger. Argelia apoyaba al incipiente movimiento independentista saharaui, la URSS apoyaba a Argelia y ya estaba en marcha la geopolítica antirusa.
No le importaron a España las resoluciones de la ONU respecto al Derecho de Autodeterminación que le asistía al Sahara Occidental. España abandonó el territorio y sus responsabilidades internacionales respecto al proceso de descolonización. Dejó tirado, sin más, al Pueblo Saharaui, después de explotar sus recursos durante años.
Pero también había ejercido el papel de “protector” sobre una parte del territorio marroquí, del que al retirarse por exigencias de las Naciones Unidas, se quedó con dos ciudades marroquíes que por su situación estratégica portuaria le interesaban: Ceuta y Melilla. Este latrocinio, mantenido en el tiempo y reclamado por Marruecos, será otro factor que pesará en la actual situación geopolítica.
Han pasado ya muchos años, demasiados, desde que la ONU ilusionó a los saharauis con el dictamen sobre su derecho a autodeterminarse con libertad hacia su ansiada independencia, pero con la disculpa de problemas con el censo de quiénes tenían derecho a votar en el Referéndum de Autodeterminación, Marruecos aprovecha para desplazar colonos marroquíes al territorio saharaui, con la intención de aumentar su población marroquí por si en algún momento se llevara a efecto.
Y hemos llegado al siglo XXI, cuando vuelve a repetirse el mecanismo de intervención imperialista que utilizaron los EE UU con ocasión de aquella nefasta Marcha Verde. Esta vez no parece que sea por aversión al comunismo ruso, que ha pasado a mejor vida, sino probablemente por asegurarse el apoyo de Marruecos a Israel, el ahijado querido de los norteamericanos, expresión a no dudar del poderío sionista, ese movimiento que surgió como de liberación nacional del pueblo judío y que se convirtió en látigo para los derechos nacionales de sus vecinos.
La cuestión es que, inesperadamente, el jefe del gobierno español se posiciona a favor de que la mejor solución al viejo conflicto del Sahara Occidental con Marruecos es una Autonomía concedida a los ocupados por su ocupante. Su ministro de asuntos exteriores manifiesta que “redunda en beneficio de la integridad territorial de España”. Y es posible que se lo crea, porque a pesar de pertenecer a un Partido político que se titula socialista, mantiene la misma ideología imperialista que los redactores de aquella Constitución de 1812 que he citado anteriormente, de que “todo lo que arramplo es mío y me pertenece sin más”.
Es posible que parte del cambalache geopolítico de los EE UU incluya un compromiso de Marruecos para dejar de reclamarle a España las, ahora, también “autónomas” Ceuta y Melilla. Es cuestión de trueques. Hasta Francia le ofrece ahora una Autonomía a Córcega, cuando se mueve.
Tras la propuesta española de una Autonomía como solución al conflicto por boca de Sánchez (PSOE), viene el espaldarazo de la Comisión Europea, por boca de Borrell (PSOE). Un cambio de rumbo de 180 grados (a todos nos suena) como dicen los medios. Aitor Esteban, portavoz del PNV, manifiesta: “¿Ustedes creen que es creíble la autonomía para el Sahara Occidental?” . Y Jon Iñarritu, de EHBILDU: “El momento y las formas nos generan una serie de incertidumbres…”
Sr. Iñarritu: ¿Todo lo que les genera la propuesta española es “una serie de incertidumbres”? Y Sr. Esteban: ¿Para ustedes es creíble la Autonomía para Euskal Herria? Pero, en definitiva, ¿Qué es eso de la Autonomí a ?
The Free Dictionary la define como 1. Independencia, condición de una entidad que no depende de otra. 2. Estado de un País o colectividad que goza de independencia política.
La RAE lo hace como 1. Potestad que dentro de un Estado tienen…regiones u otras entidades, para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios.
Esta última acepción, la española, es la que nos aplican, en teoría, a los vascos peninsulares, vascongados y navarros. Y digo en teoría, porque en la práctica no existen aquí normas ni órganos propios, que no dependan de normas y órganos “superiores” (españoles) que predeterminan y limitan todo lo que los Gobiernos Autonómicos puedan hacer, debiendo limitarse a la gestión de aquello que se les permite. Son constantes las quejas y lamentaciones: “El Gobierno vasco declara que no es competente en las demandas de los transportistas”, “Euskadi demanda…”, “Necesitamos una solución para esta semana…”, “Apremiamos al Gobierno Central a que se resuelva el problema de los precios de la energía”, “Nos gustaría mantener la obligatoriedad de las mascarillas, pero es competencia del Estado…”, “No tenemos competencias para eso…” Un Estado, el español, que mantiene su competencia exclusiva sobre nuestras costas, puertos, ríos, subsuelo, ferrocarriles y un largo etcétera. Que dicta las Leyes Básicas a las que deberán adecuarse y someterse las nacidas en los Parlamentos autonómicos. Que establece sus Órganos Jurídicos, donde se nombra los jueces que han de conformar los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, sobre cuyas resoluciones, además, en Madrid tendrán siempre l a última palabra. No hablemos ya de s u s Fuerzas Armadas, su Guardia Civil y su Policía Nacional (española), por encima de las Policías Autonómicas. No hay más que leerse la Constitución Española de 1978, Título VIII, Cap. III. De las Comunidades Autónomas, a lo que dedicaré el próximo artículo, para saber el grado de autonomía real que nos queda.
¿Eso es lo que queremos para los saharauis, ese pueblo al que tanto afecto les tenemos los vascos? Pero, es más, ¿eso es lo que queremos para nuestro propio Pueblo, el de Roncesvalles, el de Amaiur, el de los Intxortas?
Begirale
