Las victimas invisibles. Terrorismo de estado (VII)

1977. Segunda parte. Grupos parapoliciales y ultraderecha

A los 36 muertos firmados por los diferentes uniformes, habría que sumar, en 1977, un nuevo impulso de los crímenes cometidos por los grupos terroristas de ultraderecha, que iban a crecer porque se les permitió crecer, en cierto modo, o quizás completamente, protegidos por unas instituciones que presumían de estar "transicionando" hacia lo que, contaban los profetas, iba a dar, como resultado, un Estado de pleno derecho, libre y democrático. Así las cosas, dichos grupúsculos, cuyo sello preferido para la época era el de la AAA (Triple A), asesinaron, en 1977, a otras 10 personas. Algunas suelen ser, por su militancia o profesión, bastante recordadas por medios y compañeros. No así otras. Hagamos memoria...

El 23 de enero, en Madrid, se celebraba una de las muchas manifestaciones pro-amnistía que hubo aquel año. Además de la represión policial, empezaba a ser costumbre, que a la misma se sumase la de los grupos ultraderechistas. Uno de sus integrantes, de Guerrilleros de Cristo Rey, aunque el atentado lo reivindicasen como "TripleA (Alianza Apostólica Anticomunista) disparó por la espalda a Arturo Ruiz García, estudiante y albañil granadino, de 18 años, alcanzándole en el corazón y al grito de "viva cristo rey" habitual. Otra chica, Florencia, resultó herida grave. Según testigos, la policía retuvo a los ultras, pero acabaron por dejarlos marchar e incluso borraron huellas.

El autor material del asesinato, José Ignacio Fernández Guaza, de 30 años, guardaespaldas del líder de Fuerza Nueva Blas Piñar, huyó a Francia ese mismo día, con la ayuda del guardia civil Juan Ignacio García Cabrera, que también desapareció después. En 2023, la Audiencia Nacional ha vuelto a rechazar la reapertura del caso. Triunfo inequívoco de la impunidad. Eso sí, ha sido localizado, 46 años después, en Argentina. Reconoce que disparó a Arturo en el corazón, de lo que no se arrepiente porque dice que le tiraron una piedra. Y que los servicios de seguridad le proporcionaron una nueva identidad, con la que ha hecho nueva vida desde entonces. Asegura, orgulloso, que participó en atentados de la era pre-GAL, a sueldo de esos mismos servicios secretos del estado y con compañeros de los diferentes uniformes implicados en la guerra sucia.

El único que pisó cárcel fue el ultra argentino, de origen judío, Jorge Cesarsky Goldstein, íntimo amigo de policías, que sería condenado a 6 de los 17 años que pedía la fiscalía o los 32 solicitados por la acusación, pero que sólo cumplió 10 meses, beneficiado por la amnistía que reclamaba él joven asesinado. En 1990 se le pudo ver en el Vaticano, junto al Papa y el presidente argentino Carlos Ménem.

También estaban en el grupo Ángel Sierra, Juan Serrano Rodríguez de Verguer y un cubano, anticastrista, por supuesto, llamado Carlos Pérez.

Un día después del asesinato de Arturo y el mismo día, 24 de enero, que el de Mariluz Nájera a manos de un antidisturbios, en un despacho de abogados laboralistas de CCOO y militantes del PCE, en la calle Atocha de Madrid, tres matones ultrafascistas acribillaron a los nueve presentes. Enrique Valdevira Ibáñez, de 34 años, y Luis Javier Benavides Orgaz, jienense de 26 años, abogados ambos, murieron en el acto. El también abogado Francisco Javier Sauquillo Pérez del Arco, ceutí de 29 años, murió un día después. Su mujer, Dolores, herida grave, estaba embarazada y perdió el bebé que esperaba. El salmantino Serafín Holgado de Antonio, de 27 años y abogado en prácticas, murió al día siguiente en el hospital, y el administrativo conquense Ángel Rodríguez Leal, de 25 años, en el acto. Además de la antes citada, hubo otros tres heridos

Los autores, acostumbrados a la impunidad, ni siquiera huyeron. Por fin, y quizás porque las víctimas eran abogados y no peones, fueron detenidos y juzgados 3 años después. Eso sí, a pesar de las muchas sospechas de que, tras el atentado, otra vez reivindicado por la Triple A, debía estar gente de mucho más arriba, tal como los servicios secretos del estado, el juez se negó a investigar mucho más allá de los autores materiales, su líder y quienes les facilitaron las armas o fueron cómplices directos. Y, de todas formas, dos de ellos huyeron con relativa facilidad.

José Fernández Cerrá, almeriense de 32 años, fue condenado a 193 años como autor material. Falangista y ex guardia de Franco, solo cumplió 15 años, tras gozar, desde bien pronto, de numerosas ventajas penitenciarias y permisos de semanas enteras. Por lo visto terminó currando con pistola otra vez, de segurata y "ayudando" a la policía a reprimir manifestantes.

Carlos García Juliá, de 23 años, fue condenado, como el anterior, a 193 años. Estando encarcelado, en 1979 secuestró, junto a otro asesino ultraderechista, al director de la prisión, su mujer y sus hijos, motivo por el cual se le condenaría a otros 4 años. Aun así, gozó de ventajas penitenciarias desde bien pronto. Cumplidos 14 de condena y ya en libertad condicional, tras montar una empresa de espionaje, se marchó, con permiso judicial, a Paraguay. Tras un recurso, se ordenó su vuelta, pero, simplemente, nunca lo hizo. Poco después fue detenido, por narcotráfico, en Bolivia y encarcelado allí. Se perdería su pista hasta 2018, cuando volvió a ser detenido en Brasil, donde trabajaba como conductor de Uber, con una identidad falsa, haciéndose pasar por venezolano con el nombre de Gerardo Antonio Materán Flores. Autorizada su extradición, fue nuevamente encarcelado a principios del 2020, pero apenas estuvo unos meses, de tal forma que su última aparición mediática y enésima provocación fue, ya en 2023, al presentarse como cabeza de lista de la Falange...por Bilbao.

Fernando Lerdo de Tejada Martínez, de 22 años y familia toledana, sobrino de la secretaria de Blas Piñar, fundador de Fuerza Nueva y, por supuesto, también militante. Escapó en 1979, antes del juicio. Nunca más se supo, aunque podría haber vuelto a la península, ya que hace unos años que prescribió la orden de busca y captura que, sobre él, pesaba.

Francisco Albadalejo Corredera, de 39 años, secretario del Sindicato Provincial del Transporte de Madrid, autor intelectual, fue condenado a 63 años. Otro falangista confeso, que murió tras cumplir 7 años preso. Acababa de pedir el indulto y gozaba, como no, de comodidades poco imaginables para el resto de presos.

Leocadio Jiménez Caravaca, ex legionario y ex División Azul nazi, de 55 años, fue condenado a 4 años por ser quien facilitó las armas. Vivía de la pensión como militar mutilado y murió en 1985. En 1981, habiendo sido dictada ya la orden de prisión contra él, fue detenido como parte de otro grupo ultra, que cometió cerca de 20 atentados en Madrid, 4 de ellos con víctimas mortales, como son los de "El País", "El Parnasillo" y los asesinatos de Carlos Javier Idígoras y Luis Arribas. Su cometido, como en el caso de Atocha, era el de suministrador de armas y explosivos. Cometió, también, algún atentado contra bienes del empresario que le suministraba los explosivos, para así cobrar seguros y/o construir nuevos negocios en el lugar. En 2020 fue encontrada, en Toledo, la agenda nazi del tipo.

Simón Ramón Fernández Palacios no llegó al juicio, muriendo en 1979. Estuvo en la División Azul, como Jiménez Caravaca

Gloria Hérguedas Herrando, de 21 años, era la amante falangista de Fernández Cerrá, que estaba casado. Al ser detenida, como encubridora, se encontró una pistola en su bolso. Pasó 3 meses en prisión preventiva y finalmente fue condenada a un año.

En cuanto a Carlo Cicuttini, era un neofascista italiano que, años después, iba a ser implicado en el caso por un informe oficial de su país. Relacionado con la red Gladio, condenado en Italia, a cadena perpetua, por el atentado de Peteano, su expulsión de España llevaba firmada desde 1987, pero nunca llegaba a producirse, menos aún desde que había adquirido la nacionalidad, al casarse con la hija de un general español. Hasta 1998 anduvo a sus anchas, salvo un par de pasos, de escaso tiempo, por la cárcel. Acabaron deteniéndolo en Francia y entonces, por fin, fue enviado a Italia. No se quiso indagar mucho más sobre su participación en el atentado de Atocha, ya que, una vez preso en Italia, tampoco interesaba tirar mucho de la lengua a un tipo que podía saber demasiado sobre los GAL y otros muchos secretos de estado. Murió en 2010.

Según otro neofascista italiano, el histórico Stefano Delle Chiaie, tras el atentado de Atocha estaba la policía española. Citó a Antonio González Pacheco, famoso torturador conocido como Billy el Niño, como clave en el asunto. Pacheco sería relacionado después con el atentado del Hendayais, cometido, en Iparralde, por el BVE en 1980 y que causó dos muertos. En el juicio por dicho atentado, en 1990, el comisario Manuel Ballesteros señaló a Pacheco como intermediario con los terroristas. "Billy el niño", condecorado por el Ministro Martín Villa, en 1977 y a pesar, también, de su posible relación con la muerte del estudiante Enrique Ruano en 1969, iba a ser reclamado, en 2013, por la "querella argentina", por las torturas infringidas a 13 personas entre 1971 y 1975, pero la Audiencia Nacional española rechazó su extradición, por haber prescrito los delitos, así que, a pesar de su historial, el sospechado y el sabido, ha sido empresario del sector seguridad y, después, un jubilado más paseando, o corriendo, por nuestras calles, y siendo invitado a actos oficiales, hasta morir, en 2020.

No fue, Pacheco, el único miembro de las fuerzas de seguridad del estado en resultar señalado. Durante el juicio, varios policías fueron llamados, como testigos, por la relación que tenían con los autores materiales. El subcomisario Enrique Vigil, por ejemplo, admitió haber regalado una pistola a Francisco Albadalejo, condenado como autor intelectual, mientras que Arturo Prieto Cueto, comisario de la Guardia Civil adscrito al SECED, fue señalado, por un ex dirigente de Guerrilleros de Cristo Rey, como reclutador e inductor, por parte de los de uniforme oficial, del atentado. Su hijo, Arturo Prieto (junior), también picoleto, sería condenado por torturas cometidas en 1992, cosa que no impediría su meteórica progresión posterior, terminando, como General de Brigada, al mando de la Guardia Civil de la Comunidad Valenciana.

El 20 de marzo, en el transcurso de una manifestación, con banderas republicanas, comunistas y Senyeras, en la plaza Sant Jaume de Barcelona, ultraderechistas mataron, a puñaladas, a Ángel Valentín Pérez, obrero de la construcción de 24 años. La prensa, como era habitual, lo tachó de delincuente, parado, sin domicilio fijo... Resulta esperpéntico leer la crónica de la época, ya que, por un lado, narraban que lo habían apuñalado unos "desconocidos", pero, al mismo tiempo, se apuntaba que el apuñalamiento fue debido a "asuntos particulares del fallecido". Esa ambigüedad sobre el móvil del asesinato, aun reconociendo que no podía haberlo más allá de la presencia en una concentración de cierto signo político, suena a maniobra de despiste.

A la ultraderecha patria le quedaban cosas por hacer y "El Papus" era una revista satírica que se reía de todo. Fue más de 80 veces denunciada, lo que se tradujo en multas, cierres temporales e incluso consejos de guerra por mofarse del ejército. Tenía una tirada de 280.000 ejemplares semanales. Había recibido, en su redacción, en Barcelona, amenazas de la extrema derecha que, el 20 de septiembre, llevó a la práctica un grupúsculo que asumió la autoría bajo el nombre, nuevamente, de "Triple A", con un paquete bomba que descuartizó al conserje del edificio, Juan Peñalver Sandoval, murciano de 60 años, e hirió a 17 personas, algunas de gravedad, especialmente la secretaria, que salió volando para caer sobre un coche. No se pagó indemnización a la editorial, la muerte de Juan se consideró accidente de trabajo y la policía mostró una descarada desidia durante la investigación. La mayoría de detenidos fueron rápidamente puestos en libertad y la sentencia del juicio inicial resultó igualmente vergonzosa, ya que, de 14 implicados, sólo se condenó a dos, uno de ellos a 6 meses de cárcel y a 2, únicamente por tenencia de explosivos, el otro. Se rebajó la pena prevista, por "ser personas de probada honestidad y buena conducta" y porque "habiendo tenido los explosivos en su poder durante tres meses, no hicieron uso de ellos". Años después se juzgó, de nuevo y tras una querella por parte de la editora de la revista, a seis de ellos, de los cuales cuatro habían huido ya cuando se dictó sentencia. De los dos restantes, a los que se aplicó la presunción de inocencia, el de mayor castigo, Juan José Bosch Tapies, que tenía 24 años el día de los hechos, condenado en el primer juicio a 6 meses, lo fue, después, a 13 años, posiblemente pagando el pato por la osadía de atreverse a declarar que, tras el atentado, estaban el CESID y mandos de la Guardia Civil, aunque bien es cierto que la acusación solicitaba 98 años de cárcel para él, por los 36 que pedía la fiscalía. Gracias al habitual trato de favor, en forma de permisos carcelarios, hacia los presos fascistas, a los tres años escapó a Paraguay. En su currículo cuenta con atracos, la quema de un chalet y el haber sido cabeza de la lista falangista por Lleida. Metido a constructor, se abrió un canal de youtube en el que solo podemos ver su cara, borrosa, en la foto de perfil. Se le distingue mejor en otras redes sociales.

De rositas salió gente como Alberto Royuela Fernández, quien había amenazado, antes del atentado, al director de la revista. Era el dueño del piso en el que se reunía el grupo ultra, vivienda que no fue registrada, por la policía, a pesar de haber llegado a tener un mandato para hacerlo. Avisado de su inminente detención, huyó, dándose el lujo, desde no se sabe dónde, de conceder entrevistas telefónicas, en las que presumía de conseguir documentación falsa para que, neofascistas italianos, asesinasen en la península y volviesen a su país tranquilamente. De hecho, llegó a ser interrogado, por la justicia italiana, en relación al atentado de Bolonia, en 1980, en el que murieron 85 personas, dada sus amistad con tales personajes .Como dirigente de la Hermandad de la Guardia de Franco y presidente de la Federación Nacional de Combatientes, fascistas, claro está, le permitían reírse de todo el mundo, pero es que hablamos de un ultracatólico capaz de denunciar, en tiempos de Franco, al Opus Dei por, ojo, enterrar la religión católica. En mayo de 1981, tras el asalto al Banco Central de Barcelona, en el que se tomaron 263 rehenes, se exigió la liberación de Tejero y otros 3 militares golpistas y el líder de los asaltantes manifestó que lo que buscaban era un maletín con documentos sobre el golpe de estado de 3 meses antes, Royuela, junto a otros ultras de Barcelona y Madrid, volvió a ser detenido por su posible implicación, pero finalmente se dio el caso por un simple atraco y sólo se condenó a los asaltantes directos, sin indagar en sus conexiones con la ultraderecha o el asunto del 23f. Y aun volvería a ser detenido ese mismo año, con motivo de los disturbios, de corte fascista, clásicos de todo 20n de la época. Fue, que cosas, "erróneamente puesto en libertad". Royuela, que en teoría era electricista, manejaba muchísimo dinero, quizás porque era el capo de la mafia de las subastas en Barcelona. Y en 1995, el superintendente de la Guardia Urbana de Barcelona, su amigo, fue acusado de un delito de falsificación, al filtrar un documento del padrón, que sirvió para falsificar una herencia con la que Alberto Royuela pretendía apropiarse, ilegalmente, de 50 millones de pesetas. Tras dos meses de cárcel, previo pago de una fianza de 40 millones, Royuela fue puesto en libertad. Condenado, en 1999, a dos años de prisión por falsificación de documentos, en 2003 lo fue, a otro año y medio, por presentar denuncias falsas contra jueces y fiscales. Pero poco importa, ya que, al menos a veces, con dinero y contactos, uno no cumple las condenas impuestas. En su vida acumula unas 100 detenciones, pero suele triunfar la impunidad. En 2023 ha vuelto a ser encarcelado, veremos por cuánto tiempo, por el llamado "Expediente Royuela", un negociete, camuflado de lucha contra la corrupción, en la que el viejo Alberto, uno de sus hijos y un ex-magistrado, difundían supuestas corruptelas, falsas, a cambio de donaciones de quienes creían aportar para una buena causa.

Miguel Gómez Bonet, adinerado ultra leridano, ex lugarteniente de la Guardia de Franco, propietario del local de reuniones en el que se preparó el atentado, así como supuesta cabeza pensante y autor intelectual del mismo, falleció en 1982, un año antes del último juicio.

Es larga la lista de impunes del asunto; Isidro Carmona Diez-Crespo fue quien escribió la carta reivindicando el atentado en nombre de la Triple A. Trató de vender a un diario, por 100.000 pesetas, el supuesto plan para un atentado de un alto cargo como era el President de la Generalitat. En el juicio del año 83, varios de los acusados dijeron que pertenecía al CESID, pero para entonces ya había muerto en extrañas circunstancias. José Manuel Macías González también sería agente del CESID, según los acusados, aunque, en su caso, no estaba muerto, sino oportunamente desaparecido. Para Ángel Blanco Ferriz, que estuvo en las reuniones de preparación del atentado, acusado de la transacción de armas y de planear varios atracos, el fiscal pedía 32 años de condena. Fue castigado con 3, que no cumplió íntegros. Antes del juicio, fue denunciado por estafa, realizada mediante suscripciones destinadas a una falsa "comisión gestora del comité de ayuda al subnormal". Sin escrúpulos el señor empresario. José María Rico Cros, condenado a 6 años por tenencia de explosivos, fue finalmente absuelto por el Tribunal Supremo, que, al mismo tiempo redujo, de un año a 4 meses la condena de Gil Casoliva Careta, para el que, en un inicio se pedían 8 años por colaboración con grupo armado. José López Rodríguez, implicado en la transacción de las armas, era vigilante jurado, lo que le servía para saber muy bien los movimientos de cierta gente, e informar a la tropa sobre los mismos. La petición de condena era de 4 años, pero se quedó en un año, que no cumplió, igual que Francisco Abadal Esponera, de 19 años, que en el primer juicio fue condenado, a 2 meses de arresto, por tenencia de explosivos, mientras en el de 1983, aunque se pidieron 4 años de prisión, fue condenado a uno sólo. Al mozo "solo" se le incautaron un revolver calibre 32, marca Smith and Wesson, dos cartuchos para el mismo, siete cartuchos de dinamita, dos cartuchos de plástico T-4, tres detonadores y diez metros de mecha lenta. Ha administrado un camping. Carlos Oriente, por participar en reuniones preparativas y hacer seguimiento al director del "Papus" para atentar contra él, nada, salió absuelto, al igual que Francisco Moreno Fernández, que estuvo en las reuniones pre-atentado y tenía antecedentes por la quema de un chalet. Juan Carlos Pinilla Ibáñez, por fabricación y tenencia de explosivos, fue condenado a seis meses, que no cumplió, entre otras cosas porque desapareció del mapa nacional huyendo a Paraguay, como varios ultras españoles más. En cuanto a Joaquín Agustí Borrás, que tenía 22 años cuando ocurrió el atentado, y llevaba la oficina de Royuela, no fue finalmente procesado.

Y entre los que se cree que participaron y huyeron, como no, Beppe y Mario, supuestamente Giuseppe Calzona y Carlo Vanoni, neofascistas italianos, de esos que trabajaron a sueldo del estado español en los años 70 y 80, bien fuera como BVE, ATE, AAA o...GAL.

El 6 de octubre, en Alacant, Miquel Grau Gómez, de 20 años, y otros compañeros del Moviment Comunista del País Valencia, colgaban carteles de cara a la Diada que se iba a celebrar días después. Un ultra de Fuerza Nueva les tiró agua desde un balcón, después alguna piedra y finalmente un ladrillo que impactó en la cabeza de Miquel. Tras 10 días en coma, murió. 38 años tuvieron que pasar para que se reconociese a Miquel con una placa, que los fascistas se encargan ocasionalmente de sabotear.

El asesino, Miguel Ángel Panadero Sandoval, de 19 años, fue condenado, año y medio después, a 12 años de cárcel. A los tres, cuatro contando el año que pasó en prisión antes del juicio, fue indultado por el Ministro de Justicia. Se acabó colocando de procurador en los tribunales de Valencia.

El 7 de octubre, un taxi llevaba horas, al ralentí y con las luces encendidas, cerca de la estación de Andoain, Gipuzkoa. Dentro, muerto, su conductor, David Salvador Bernardo "Jonio", de 45 años y padre de 2 hijos. Presentaba dos tiros en la nuca y había 6 casquillos del calibre 9 mm. Reivindicó la autoría la Triple A y, como motivo, esgrimieron que el taxista de Hernani, natural de Bilbao, era colaborador de ETA. Con estos datos, no interesaba investigar... y no se investigó.