¿EN EL MARCO CONSTITUCIONAL?...
¡POR SUPUESTO!
No todos los Países disponen de una Constitución, al menos en la forma de solemne documento, firmado por un alto dignatario, que nos imaginamos. Y el primero de estos es Inglaterra, precisamente donde se inició todo este asunto, cuando su rey Juan sin Tierra “otorgó”, allá por 1215, aquella Carta Magna de las Libertades, en tiempos de Robin Hood.
Se trataba de una transferencia que el rey hacía de una parte de sus omnipotentes poderes, a la Iglesia y a los Señores Feudales. Con el paso de los siglos, esa cesión de poderes se fue extendiendo, no demasiado, a las clases populares, como el “hábeas corpus” o el sistema electoral, garantizando unos derechos mínimos a la población, en forma de un conjunto de Leyes, Normas y Disposiciones, unas Reglas de Juego en definitiva.
La idea primitiva se fue desvirtuando cuando se utilizó este sistema, más que para garantizar derechos, para establecer obligaciones a los ciudadanos o para dar cobertura a situaciones de dominio sobre otros países que caían bajo el poder de los más poderosos. Esto ocurre cuando un Estado quiere imponer su Constitución, su conjunto de leyes, aun cuando en sí fueran justas y equilibradas, a otros países, como cuando España pretendió hacerlo en 1812 con su Constitución de Cádiz, la conocida como La Pepa, la anterior a la Perifranquista de 1978.
Esa primera constitución española establecía, en su TITULO II, CAPITULO PRIMERO (Del Territorio de las Españas), Art. 10:
El territorio español comprende en la Península con sus posesiones e islas adyacentes, Aragón, Asturias… Cataluña… Galicia, Granada… Navarra, Provincias Vascongadas…las islas Baleares y las Canarias con las demás posesiones de Africa.
En la América septentrional, la Nueva España (Mexico)…Yucatán, Guatemala…isla de Cuba…isla de Puerto Rico con las demás adyacentes a éstas y al continente en uno y otro mar.
En la América meridional, la Nueva Granada (Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá), Perú, Chile….y todas las islas adyacentes en el mar Pacífico y en el Atlántico.
En el Asia, las islas Filipinas y las que dependen de su gobierno.
En su TITULO PRIMERO, CAPITULO II, Art. 5º, ya se establecía que Son españoles todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas y en su Art. 7º que Todo español está obligado a ser fiel a la Constitución, obedecer sus leyes y respetar las autoridades establecidas, no había escapatoria para los nativos de todos los Países conquistados y sometidos al gran Imperio Colonial español.
Pero muchos pueblos sometidos no aceptaron la imposición de esa Constitución y lucharon a muerte contra el opresor, dirigidos en América por los dos grandes libertadores, Bolivar y San Martín, en una guerra por la independencia, batalla tras batalla, que se extendió entre 1809 y 1829, dejando unas escalofriantes cifras de muertos, 69.400 en el bando español y 570.000 entre los nativos independentistas. No hubo diálogos, convivencias, encajismos, plurilingüismos, ni plurinacionalidades, pero los resultados fueron que, cuando Bolivar y San Martín se reunieron en Guayaquil en 1822, 16 de aquellos Países ya habían conquistado su independencia.
Hoy en día, en pleno siglo XXI, sería difícil de entender, salvo que se mantuviera aquella mentalidad imperialista española del XIX, que Francia pretendiera imponer a España su Constitución o España a Portugal la suya. ¿Y si es España la que pretende imponer su Constitución a otras naciones colonizadas como Galiza, Catalunya o Euskal Herria? ¿Podría alguien, alardeando de demócrata, exigir a cualquier nación, grande o pequeña, que respete el Marco Constitucional de otra nación, como pretendió la España de la Constitución de Cádiz con todas aquellas naciones europeas, americanas, africanas y asiáticas? Parece que poder, sí pueden, amparándose en la fuerza militar y policial, pero no en la justicia ni en la ética. Y eso ocurre con la parte de nuestro País que continúa bajo el dominio español desde que España y Francia se repartieron nuestro territorio.
Y si alguien creyese que no podemos exigir nuestra propia Constitución Vasca, ese conjunto de Leyes y Normas que regule nuestra vida social, política y jurídica sin injerencias ajenas porque no disponemos siquiera de un texto, le recuerdo que hace ya unos 20 años, el abogado José Manuel Agirre, único superviviente hoy día de aquella media docena de jóvenes que fundaron ETA en 1958, que tuvo que permanecer en el exilio durante 13 años, 4 en Mexico y 9 en Bélgica como Catedrático en la Universidad Libre de Bruxelas, elaboró una pormenorizada propuesta de texto de Constitución Vasca de 57 páginas que, junto a los documentos anexos “Lineamientos”, “Premisas”, “Compendio”, “Declaración” y “Consideraciones”, junto a una “Propuesta de Frente Soberanista”, alcanza las cerca de 100 páginas. Ahí están el interesante documento y el testimonio abertzale de su autor.
Pero bajando al terreno de nuestra realidad política, esta actual polémica sobre constituciones ha surgido porque el Sr. Puigdemont, a cambio de los votos de su Partido al Sr. Sánchez para que repita como Jefe del Gobierno en España, ha reclamado la Amnistía para sus compatriotas perseguidos y un Referéndum para que su Pueblo decida libre y democráticamente su destino político. De inmediato han surgido muchas voces airadas clamando que no caben amnistías en la Constitución española de 1978 y que ésta hay que respetarla, que no cabe nada fuera de su marco; pero al final resulta que parece que en ese texto no hay nada que lo prohíba y que lo que faltaba era que alguien lo exigiera con suficiente contundencia, dejando con las posaderas al aire a todos los sectores vascos, presuntamente abertzales, que hace ya tiempo abandonaron la reivindicación de la AMNISTIA para los presos y exiliados de ETA, desde Partidos como SORTU, hasta Coaliciones como EHBILDU u organizaciones “pro-presos”, una de las cuales, ETXERA, hace sólo un par de días colocaba carteles en Bilbao para un acto “por los presos” con comida incluida, en los que se leía el lema “Aske izan arte” (“Hasta que sean libres”). Pero para ello no piden su libertad, la amnistía, sino solamente les recomiendan a los presos políticos que se conviertan en sumisos presos comunes y acepten la legalidad del Estado contra el que luchaban. Ya serán libres cuando sea, tras 10, 20 o 30 años de prisión. Estorbaban.
El Sr.Otegi ha anunciado, en la reciente Conferencia Política de EHBildu, que “estando ya todos los presos de ETA en las cárceles de Euskadi y de Navarra (buena patada a la territorialidad de nuestro País), ahora hay que ir ya a por la plurinacionalidad del Estado”. Eso no es “los presos a casa”, sino “que se pudran hasta que cumplan”.
Se ha pasado la actualidad al tema lingüístico, donde PNV y PSE han presentado juntos, en el último minuto, una “auto-enmienda” a una nueva Ley de Educación que habían pactado el pasado año con EHBILDU y PODEMOS, introduciendo la pervivencia de los antiguos modelos (A, B y D), no fuera a ser, dice Andueza, que el euskera se convirtiera en monolingüe. ¡Dios mío! Hasta el líder del PP vasco, Sr. de Andrés, ha declarado: “Los resultados de la euskaldunización son muy pobres, tenemos que hacer una revisión”. Pero el PSE se ha impuesto al PNV.
Y volviendo al tema de cabecera, se trate de amnistía, autodeterminación o educación, el PSOE de la CAV, por boca del Sr. Andueza, insiste: “Todo dentro del Marco Constitucional”. El PSOE de Nafarroa, a través de la Sra. Chivite, clama: “Todo dentro de la Constitución”. Y yo, como vasco, estoy totalmente de acuerdo, pero con una leve matización:
“Dentro de la Constitución Vasca”
Begirale
