1977. Cuando incluso con la ley de amnistía los beneficiados fueron ellos. Primera parte (fuerzas de seguridad del estado)
Las victimas invisibles.
Terrorismo de estado (VI)
1977. Cuando incluso con la ley de amnistía los beneficiados fueron ellos. Primera parte (fuerzas de seguridad del estado)
En julio del año anterior se había proclamado una amnistía parcial para algunos presos políticos cuyos delitos no hubieran puesto en peligro la vida de nadie, algo que por otra parte viene a depender de quien interprete tal riesgo vital. Además, esta pseudo- amnistía se concedía, con escaso disimulo, a los funcionarios y agentes del orden público que hubiesen cometido delitos contra el ejercicio de los derechos de las personas, lo cual interpretado por los mismos que lo antes señalado, aseguraba esconder bajo la alfombra los asesinatos de tantísimos caídos por la acción de armas de fuego, botes de humo, pelotazos, porras o manos torturadoras, que ya de por si, venían a salir de gratis. El terrorismo de estado quedaba a cubierto.
Mezclados ambos aspectos de la broma del opresor, al pueblo oprimido le resultaba de largo insuficiente, así que 1977 se caracterizó, entre otras cosas, por las manifestaciones y actos en favor de una ley de amnistía justa. Las movilizaciones, especialmente populosas en Euskal Herria, se iban a saldar, para variar, con otra colección de muertos. En octubre nos presentaron la Ley de amnistía definitiva y nos la volvieron a meter doblada. El caramelo que supuso la salida de prisión de presos políticos o de quienes estaban entre rejas por delitos tales como rebelión, sedición o similares catalogaciones represivas, cometidos con anterioridad al 15 de diciembre del año anterior y aquellos delitos posteriores y hasta octubre del mismo 1977, "que no supusieran violencia grave contra personas", no oculta el hecho de que el estado, de forma definitiva, venía a imposibilitar así, que quienes habían cometido crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzosas y tantos abusos con resultado de muerte, pagasen por ello. Incluso, siendo tales delitos imprescriptibles según normativa internacional sobre derechos humanos. El estado, que rara vez juzgaba a sus corbatas y uniformes asesinos, sacaba, por si las moscas, una carta ganadora a cambio de una concesión que no era tal, o es que ¿acaso a alguien le iba a parecer normal que siguiesen encarcelados aquellos que lo estaban por la gracia de una dictadura? Con la Constitución de 1978, dieron la estocada mediante el artículo 9.3, ya que este sería violado si se tratase de reactivar una responsabilidad criminal ya extinguida, derogando, por ejemplo, la Ley de amnistía, o al menos aquello de la misma que viene a contravenir los tan cacareados y a la vez pisoteados Derechos Humanos. El estado lavó su cara a ojos del mundo, se vistió de democracia y nos la colaron, pero bien colada.
En la calle y en lo referente al tema que nos ocupa este repaso cronológico, en 1977, GRAPO cometió atentados que dejaron un total de 8 muertos, mientras ETA iba a dejar un saldo de 10 muertos, 7 de miembros de las fuerzas de seguridad del estado, dos cargos políticos de esos que ya lo eran durante el Franquismo y un reconocido falangista.
Por el contrario, la ultraderecha (10 asesinados), Policía Armada o Cuerpo Superior de Policía (17), Guardia Civil (14), Ejercito Regular y la Legión (4, sin tener en cuenta las decenas de muertos en la "mili", claro), o la tortura a presos políticos (un muerto, del FRAP... de los "no políticos", a saber), suman ya 46 asesinatos de estado o por elementos de ultraderecha, de los cuales, nada menos que 41 eran civiles, dos miembros de ETA, uno de MPAIAC y el antes referido del FRAP. Recordémoslos en el siguiente repaso;
El inicio del año fue brutal. El día 7, en Xirivella, Valencia, una movilización obrera fue reprimida mediante carga policial. En la huida cayó al suelo José Vicente Casaban Sena, de 31 años y militante de CCOO, que sufrió un ataque cardíaco fruto de la brutalidad. En el entierro, al que acudieron 2.500 personas, volvió a haber varios heridos y detenidos. Hablan de respeto a los muertos.
Juan Manuel Iglesias Sánchez sólo tenía 15 años cuando se celebró, el 9 de enero, en Sestao, Bizkaia, una concentración pro-amnistía reprimida a hostias, por la policía armada y la guardia civil, en el momento en el que se iba a leer un comunicado en euskera. Las 3.000 personas que participaban en el evento, más todos los que estaban en bares de la zona, pasaron a ser golpeables. Juan Manuel estaba jugando al futbolín con sus amigos, cuando entró la gente que huía de los golpes y disparos de duras pelotas de goma, así que emprendió también una huida en la que, tras saltar un muro y caer mal, el pánico por la extrema violencia policial le causó una insuficiencia cardiovascular. Dado que tenía una dolencia cardiaca diagnosticada que le impedía hacer grandes esfuerzos, la responsabilidad recaería sobre el adolescente, que por lo visto tenía que haberse quedado quieto para ser atropellado por una manada de uniformados. Hubo muchos más heridos, igual que el día del funeral, al que acudieron 40.000 personas...pero también 14 jeeps y 3 buses de la Policía Armada, que no iban, precisamente, a dar el pésame a la familia.
El 24 de enero, día siguiente de producirse el asesinato de Arturo Ruiz, primero del año de autoría ultra, que abordaremos en un capítulo aparte, 30.000 personas, estudiantes sobretodo, se manifestaron en diferentes puntos de Madrid. Lo hecho por ultrafascistas el día anterior lo igualaron los antidisturbios de la Policía Armada, al matar con un bote de humo, lanzado a bocajarro, a la estudiante de sociología, de 20 años, Mari Luz Nájera Julián. Su cara quedó completamente desfigurada. Además, hirieron de gravedad a otro estudiante y otros 9, de entre los múltiples heridos, tuvieron que ser trasladados a centros médicos.
Ese mismo día, en Xativa, Valencia, moría Eduardo Serra Lloret, 13 meses atrás detenido, junto a muchos otros miembros y colaboradores del FRAP, acusado, en su caso, de pasar información para un atraco. En la Jefatura Superior de Policía de Valencia, un sanguinario franquista, llamado Benjamín Solsona Cortés y apodado "el galletas", lo torturó hasta aburrirse, siendo después encarcelado para que otros pudiesen también divertirse con él. Ante el riesgo de que se les muriese en el trullo por las hostias recibidas, lo soltaron para que, poco tiempo después, las secuelas de la tortura lo mandasen al hoyo. El tal Solsona, que en 1980 fue destinado a la jefatura policial de Bilbao, gran plaza para sus prácticas favoritas, tiene el honor, como uno de los grandes torturadores del Franquismo que fue, de estar entre los nombres para los que, mediante la conocida como "Querella argentina", se dictó orden de busca y captura por su historial criminal.
La Policía Armada se cobró dos vidas en febrero. El día 5, en Zaragoza, Miguel Vicente Basanta López, de 31 años, pintaba "Trabajo sí, policía no", cuando el agente Francisco Tovar Tovar, estando de paseo con su familia, lo encañonó contra la pared. Vicente salió corriendo y se llevó tres tiros, dos en la cabeza. El juzgado militar montó una farsa según la cual, el policía, habría sido atacado con una barra de hierro y actuó en legítima defensa... ¿Y la barra? No existía... ¿Y los testigos que negaban esa versión? No se tuvieron en cuenta. ¿Y la autopsia según la cual los disparos fueron hechos en posición muy distinta a la declarada por el asesino? Irrelevante detallito. Causa sobreseída y el policía a seguir con sus paseos nocturnos.
El día 24, en el transcurso de una manifestación conjunta de obreros del metal y de la construcción, en Cartagena, Murcia, tres pelotas de goma alcanzaron, en la cabeza y cuello, al albañil Francisco "Pancho" Egea, de 19 años, que murió de derrame cerebral. Ni se investigó.
Ese mismo mes, los controles de la muerte de la Guardia Civil se llevaron por delante a Manuel Lorente Martín, encofrador de Estepona, Málaga, de 27 años, muerto en las afueras de Granada. Fue el día 6 y la disculpa, la habitual, un supuesto intento de atropello que esquivaba el benemérito de turno, al tiempo que vaciaba el cargador en la cabeza del conductor. En fin.
Más extraño fue lo ocurrido en Hostalrich, Girona, el día 20, cuando, los del tricornio, percibieron lo que en la nota oficial llamaron "una actitud sospechosa" en un grupo de "jóvenes forasteros", así que les pincharon las ruedas del coche para que no se pudieran escapar. Alfonso Bárcena López, de Torderá, Barcelona, de 23 años, salió huyendo. Al alcanzarle un agente y darle el alto, " hizo caso omiso", así que procedió a pegarle un tiro mortal tal y como acostumbraban. Según sus amigos, venían de ver un rally y tuvieron que frenar bruscamente al cruzarse un animal, siendo interrogados mucho después por ello, cuando todos habían podido escuchar el disparo mortal. Al funeral del chaval asistieron 3.000 personas que clamaron por una justicia que nunca llegó.
Las disculpas eran más creíbles por el populacho cuando los muertos en este tipo de controles eran miembros de ETA, como ocurrió el día 8 del mes siguiente, marzo, en Itsaso, Gipuzkoa. Según la versión oficial, Francisco Aldanondo, que iba en los asientos traseros, en el momento de serles pedida la documentación, empuñó una pistola y descargó un cargador entero sobre el cabo de la guardia civil, que sin embargo resultó ileso cual súper-héroe de película. Y pudo, mientras esquivaba las balas, ametrallar el coche de los sospechosos. Según testigos, presentes en la cola de coches que había en el control, sólo se escucharon los disparos de la Guardia Civil y no esos supuestos disparos previos. Tampoco dejaron acercarse a unas monjas que se prestaron a socorrer a los heridos. Y en un programa de radio, en el que testigos se disponían a contar lo que habían visto, se cortó oportunamente la emisión. El caso es que allí murieron Sebastián Goikoetxea Mariezkurrena, de 29 años y natural de Ibarra, y Nikolas Mendizabal Barandiaran "Zaharra", 30 años y de Zaldibia.
Tampoco la Brigada Regional de Investigación de Madrid se andaba con miramientos. Detuvieron, el 10 de marzo, a un delincuente de poca monta, mientras otro escapaba. Al desobedecer el alto, dispararon al segundo por la espalda, muriendo en el hospital. Dijeron que llevaba una pistola, pero los testigos sólo hablaban de un disparo, el que mató a José Ignacio Gutiérrez Gaduña, de 23 años. Su familia presentó querella criminal contra el autor del disparo y denunció la visión dada por la policía a la prensa, engordando su historial delictivo, que en realidad se limitaba al robo de un microscopio del instituto a los 14 años, por lo que se había comido tres días de cárcel paliza incluida, robo de una moto y de 11 jerseys, 4 años de trullo, y fumar porros...todo un matón.
El donostiarra paseo de La Concha no debe ser tan bonito para los que recuerden a un estudiante universitario, de 20 años, que fue asesinado un 12 de marzo. Se celebraba una marcha pro-amnistía y un Policía Armada, aprovechó que José Luis Aristizabal Lasa llevaba la ventanilla del coche abierta, para dispararle una pelota de goma, a bocajarro, cuando el chaval tuvo que detener la marcha por el gentío. Le destrozó la cara y, tras un día en coma, murió sin que pudieran hacer nada por él. El gobernador de Navarra prohibió el funeral en su tierra, pero 10.000 personas desfilaron en silencio en Donostia, con alguna carga policial al inicio del acto.
Tres días después se repetiría la historia en la ciudad. Isidro Susperregi Aldako tenía 68 años y militaba en ANV. Natural de Orereta, fue alcanzado, junto al corazón, por un pelotazo de los antidisturbios de la Policía Armada. Tras 15 días en el hospital, murió.
El 25 de marzo, tres jóvenes entraron en las instalaciones militares de la Isleta, en Las Palmas. Al tercer "¡alto!" por parte de los centinelas, tocaba disparar. Y dispararon, matando a Juan Santiago Tomás Marrero Hernández, de 25 años. La prensa, como era habitual, lo catalogó de delincuente y drogadicto, omitiendo su más que posible pertenencia al MPAIAC, organización que libraba su lucha contra el colonialismo en Canarias. Dos días después, como venganza por la muerte de Juan Santiago, el grupo independentista colocó una bomba en el aeropuerto de Las Palmas y otra en las oficinas de "Explosivos Río Tinto" en Arrecife, Lanzarote.
Semana pro-amnistía en Euskal Herria, mayo de 1977.
Abril había transcurrido sin muertes a manos de las fuerzas de seguridad, pero no por ello sin represión. En mayo se celebró la segunda semana pro-amnistía en toda Euskal Herria. Los primeros días las manifestaciones fueron reprimidas con pelotas de goma y botes de humo de forma indiscriminada, para después pasar al fuego real. Los bomberos tuvieron que intervenir en numerosas ocasiones para apagar incendios causados por la Policía Armada y la Guardia Civil en viviendas y se denunciaron los impedimentos de las fuerzas del orden para que las ambulancias pudiesen atender y trasladar a los heridos. Como hemos podido ver, la reivindicación en cuestión había supuesto ya varios muertos a lo largo del año, pero lo peor estaba por venir. Esa trágica semana terminaría con un saldo de 7 muertos y muchísimos heridos por bala, pelotazos y demás "artes" policiales. Sus artífices no necesitaron de ninguna amnistía, simplemente y para variar, no se llevó a cabo ningún tipo de investigación o juicio en condiciones.
Rafael Gómez Jauregi, natural de Pasaia, Gipuzkoa, había sido en su día candidato al congreso por ANV. Condenado a muerte por el franquismo, libró la pena capital tras cinco años de cárcel. Pasó 17 años exiliado. De vuelta a Orereta, donde residía, iba para casa tras dar un paseo, ya con 78 años. Ese 12 de mayo, la guardia civil y los grises dejaron un balance de 8 ingresados, 2 de ellos de gravedad. Le tocó ser el peor parado del día. Una bala en el tórax, disparada por un guardia civil, hizo que se desangrara de camino al hospital. Se hizo un paripé de investigación que se acabó cerrando con la disculpa de la imposibilidad de saber que agente había disparado. Hubo 4.000 personas en su funeral.
Un día después y en el mismo municipio, Clemente Del Caño Ibáñez, 36 años, de Irún, que no secundaba la huelga, acudió, junto a otros empleados de la A8, a quitar una barricada en la salida de la autopista. La poca visibilidad y la velocidad a la que pasaban los coches hacían peligrosa tal tarea, por lo que en un principio consideraron no hacerlo. La guardia civil le obligó a realizarlo sin señalizar la zona, sin luz ni distintivo alguno que alertase a los vehículos. Fue atropellado y murió.
Ese mismo día murió José Luis Cano Pérez, de 28 años, natural de Aranjuez, Madrid. Conocida la muerte el día anterior de Rafael en Orereta, 11.000 trabajadores se sumaban a la huelga en Iruña-Pamplona. La policía Armada tenía orden explícita de impedir el acto, programado para las 8 de la tarde, así que pronto empezaron los disparos de pelotas de goma, repelidos, con piedras, por la gente. Algunos trataron de refugiarse en el bar "Manuel", después "Imanol", pero a José Luis lo cogieron en la puerta y le dieron una paliza, rematada con un tiro de gracia, en la nuca, cuando no podía ni levantarse de las hostias... que siguieron dándole después de matarlo. En el funeral y el entierro, en el barrio de la Rotxapea, se juntaron 4.000 personas. La Policía Armada volvió a cargar contra niños, ancianos y lo que hiciese falta. Los congregados se tuvieron que quedar en el cementerio, hasta que fueron enviados varios autobuses para sacar a la gente de allí. No se condenó a nadie. A la familia le dieron 200.000 pesetas y a correr. Los medios de comunicación, en su afán manipulador, trataron de demostrar que la presencia de José Luis en la ciudad obedecía a oscuras intenciones, ya que vivía en Donostia-San Sebastián, y que era un lumpen, aspectos que tuvo que encargarse de desmentir, con contundencia, su propio hermano.
El día 14 fue peor si cabe, con tres muertos que añadir a la funesta cuenta. La Policía Armada volvía a cebarse con los habitantes de Iruña, en cuya calle San Nikolas, Luis Santamaría Mikelena recibió en su balcón una lluvia de balazos "regalados" por los grises que, a sus 72 años, le provocaron un infarto del que no salió con vida. En otro balcón, un chaval de 15 años recibió un pelotazo en la cara que lo llevó herido de gravedad al hospital, con estallido craneal y conmoción cerebral.
También tocó repetir jugada en Orereta-Renteria. Gregorio Maritxalar Aiestaran tenía, a sus 63 años, un bar que la familia cerró tras su muerte. 10 días antes, ese fatídico 14 de mayo, su hijo salió al balcón para fumar un cigarro. Al ver un bote de humo, lanzado por los antidisturbios, alcanzar su portal, avisó a su aita. Nada más asomarse, el hombre recibió un tiro en el pecho, que le causó graves heridas en el abdomen y acabaría costándole la vida. La bala salió por la espalda en trayectoria descendente, lo cual haría suponer que fue disparada por un francotirador desde el lugar donde se apostaba una patrulla de la policía Armada. sobra decir que nada se investigó sobre el caso, a pesar de las falsas promesas del Gobernador, que prometió se daría con el autor del disparo.
El tercer asesinato policial del día ocurrió en Ortuella, Bizkaia. Varios trabajadores de Mavisa celebraban una despedida de soltero en un bar. Al salir del local y cuando llevaban 100 metros andados, varios jeeps de la guardia civil pararon a su altura y tras un "nada de preguntas, disparad a matar", golpearon a los que se quedaron quietos y tirotearon a quienes salieron corriendo. Manuel Fuentes Mesa, "esparramao" para los amigos, quedó tirado en una huerta, con el cráneo arrancado de cuajo y los sesos fuera. Tenía 30 años, militaba en CCOO y era natural de Jaén. Esperaba una hija para el mes siguiente y su pareja, que ese día, enfadada, no le había dado un beso de despedida, intentó suicidarse días después. Al funeral asistieron 10.000 personas. El féretro fue cubierto con la Ikurriña y la Arbonaida y se cantó" La Internacional", mientras la policía golpeaba a los portadores del ataúd. Varios de los amigos que estaban con Manuel el día que lo mataron, fueron amenazados, cara a cara y en sus propios domicilios, para que no les rondase la idea de hablar más de la cuenta sobre lo visto y vivido aquella noche. Aunque se interpuso querella por su asesinato, el resultado fue el habitual, ningún responsable.
El séptimo y último asesinado de la semana nos lleva a una historia que pone los pelos de punta. Fue Francisco Javier Núñez Fernández, bilbaíno, profesor de matemáticas de 38 años, que bajó el día 15 de mayo a comprar el periódico con su hija de 3 años. Dos agentes de la Policía Armada le golpearon brutalmente. Llegó a su portal y, aún en presencia de su hija, volvieron a darle más. Dos días después fue a denunciar el hecho, pero alguien avisó de tal circunstancia y apareció una furgoneta, dentro de la cual volvieron a golpearle. Atado, le obligaron a beber un litro de coñac y otro de aceite de ricino. Tras 13 días en el hospital, vomitando sangre, murió después de 19 transfusiones. En el año 2000, su hija fue a por los impresos para solicitar el reconocimiento de su padre como víctima de terrorismo o abusos policiales. Esa misma tarde la llamaron para amenazarla de muerte.
Sembrando muerte
No cambiaron demasiado las cosas durante el resto de 1977. Antes de acabar mayo, el día 25, un centinela de la Caja de Reclutas de Rubin, en Oviedo, disparo a 3 hombres que merodeaban por allí. Dos de ellos, Santos García Fernández y Rolando Fernández Alonso, de unos 40 años, murieron. ¿La disculpa oficial? Que se les dio el alto, se les pidió el "santo y seña", se les exigió dar un "paso atrás y cuerpo a tierra"...e hicieron caso omiso, así que lo normal era acribillarlos. Dejes, inercias...costumbres franquistas, que se le va a hacer.
Legionarios de Fuerteventura sumaron un habitante majorero más, en Playa Blanca, Puerto del Rosario, a su impresionante lista de muertos y despropósitos durante su paso por la isla.
El 25 de junio, en Sevilla, el picoleto Antonio González asesinaba, de 7 disparos, a su mujer.
Era 12 de julio, fiestas en Suria, Barcelona. Al alcalde no se le ocurrió otra cosa que organizar el baile popular con una condición para poder entrar; obligatorio llevar traje y corbata. 150 personas protestaban fuera al no poder entrar y los de corbata salieron a defender a su clasista alcalde, que llamó a la guardia civil. Uno de ellos, Francisco Ruiz, cogió al jienense Roque Federico Peralta Sánchez, de 27 años, residente en Manresa y padre de dos niños, lo arrinconó y le pegó un tiro mortal en el pecho. La viuda fue indemnizada con 850.000 pesetas, pero el uniformado se jubiló como tal, ya que el caso fue sobreseído a pesar de que todo el mundo conocía su identidad.
La madrugada del 21 de agosto, unos jóvenes llenaron el depósito del coche en una gasolinera de Laguna de Duero, Valladolid. Al ir a pagar, pusieron en práctica el truco de pedir algo más, una lata de aceite, para pirarse sin pagar. Avisada la Guardia Civil, fueron localizados. La Benemérita les dio el alto y no pararon, así que acribillaron el coche "con la intención de intimidar a los fugitivos". Tampoco así pararon, sino que dos de ellos fueron, heridos, al hospital en el que, al día siguiente, moría Ángel Calvo Pérez.
La Diada de 1977, el 11 de septiembre, fue un éxito enorme, cosa que debió irritar mucho al agente de la Policía Armada que disparó un pelotazo en la cabeza de Carles Gustavo Frecher Solana, de 28 años, que estuvo 5 días clínicamente muerto con contusión cráneo-encefálica, hematoma temporoparietal izquierdo, conmoción cerebral y fractura craneal, hasta que el día 16, dejó de respirar. 6.000 personas lo despidieron en su funeral. Otra chica de 15 años, Rosario, también estuvo ingresada de pronóstico grave, pero salvó la vida. De primeras se trató de hacer creer que fueron los manifestantes los que habían matado al joven, pero ante la evidencia, tuvieron que reconocer la autoría.
El 14 de octubre, en el barrio de Lutxana, en Barakaldo, Bizkaia, un coche se saltó un control de la guardia civil. Como de costumbre, abrieron fuego contra él, perdiendo el conductor, Gonzalo Pequeño Moyano, el control del vehículo y estampándose contra una farola. Domiciliado en Sestao, tenía 21 años y no cumplió más. Era un coche robado, sí, con eso se justificaba todo. Su hermano, de 16 años, resultó herido. El mismo día, en Galdakao, un conductor se saltó otro control. Aunque le dieron en la cabeza, este otro salvó la vida.
A veces le tocaba a uno de los suyos; Resulta que la madrugada del 2 de noviembre, tras tomar unas copas por ahí, tres simpatizantes de Fuerza Nueva pasaron por la calle Ibáñez de Bilbao, donde se acumulaban vehículos de la Reserva General de la Policía Armada, custodiados por un centinela de este cuerpo. Fermín Manuel Gómez Maza, de 26 años y natural de Soba, Cantabria, miembro de la Guardia de Franco, provisto de su carnet como tal y del clásico llavero de Paquito, sacó su pistola Astra, arma que muchos ultraderechistas tenían, ya que con sacarse una licencia deportiva de tiro era suficiente y soltó un "veréis que risas, que a ese le conozco". Se acercó al centinela y le dijo "considérese hombre muerto ", a lo que el centinela respondería con más de 10 balazos, de los cuales 6 se alojaron en el cuerpo del gilipolla del año, que palmó en el hospital. Su amiguete, que resultó herido grave, también llevaba pipa, en su caso sin documentación de la misma y sin tener tampoco licencia de armas. La mujer que les acompañaba llevaba en el bolso una porra de plomo y en su casa tenía una pistola y munición.
En el barrio sevillano de Triana, miembros del Cuerpo General de Policía localizaron, el 26 de noviembre, a tres delincuentes de poca monta, iniciándose una persecución. Una vez atrapados y tras un primer intento de fuga por parte de uno de ellos, lo intentó Enrique Mesa Bugatto, pero fue alcanzado por el agente Antonio Fuentes Jiménez. Unos segundos después, Enrique estaba muerto de un disparo en la cabeza. De primeras, los tres policías contaron que Enrique se había acercado a Antonio navaja en mano y este tuvo que disparar. Por una vez no coló, ya que el tiro había entrado por la nuca, no de frente. Tres años después se juzgó al policía, siendo sancionado con un año de prisión menor, con lo que no pisó cárcel, además del pago de una indemnización de 600.000 pesetas a la hija de 4 años de la víctima.
El 4 de diciembre, casi 2 millones de andaluces se manifestaron por la autonomía andaluza. En Málaga, eran cerca de 200.000. El presidente de la Diputación no permitió que se colocase la Arbonaida, pero en su lugar sí puso una cantidad exagerada de números de la Policía Armada, con grupos de ultraderecha jaleándolos por detrás, para que cargasen contra la gente, cosa que ocurrió cuando un manifestante colocó la blanca y verde en la fachada del edificio. Pelotas, botes de humo y fuego real. Decenas de contusionados, 2 heridos de bala y un joven de 19 años, trabajador de Cervezas Victoria y militante de CCOO, muerto. Se llamaba Manuel José García Caparrós. A su familia la llamó un ATS, diciendo que había tenido un accidente de tráfico. Algunos medios de comunicación se atrevieron, por vez primera, a quitarse el corsé franquista que los oprimía, cosa que a algún periodista de Radio Juventud le costó una posterior paliza de la Guardia Civil. En cuanto a la investigación posterior, nada nuevo; pruebas manipuladas, extrañas pérdidas de documentos, nadie juzgado y caso sobreseído tras más de 5 años de lucha familiar contra la pared del estado.
El 12 de diciembre se celebraba una protesta estudiantil en la Universidad de La Laguna, Tenerife, en apoyo a trabajadores, de varios sectores, que llamaban a la huelga general. La Policía Armada había dado leña todo el día y, justo cuando se retiraban y ya sólo quedaban 15-20 estudiantes, aparecieron media docena de guardias civiles disparando. Uno de ellos disparó, a bocajarro, a Javier Fernández Quesada, estudiante de biología, grancanario de 22 años. Mientras un profesor sacaba un pañuelo blanco, los de verde siguieron disparando y Javier no llegó vivo al hospital. A otro estudiante de 18 años le atravesaron el hombro de un disparo e incluso un niño de 13, de una escuela de al lado, resultó herido. En el reconocimiento del cadáver y el velatorio, hubo policías riéndose. En los días siguientes vino más Policía Armada de la península, golpeando, incluso, a todo aquel que llevase un crespón negro en su coche, o a los comercios que hubiesen cerrado en señal de duelo. La familia recibió amenazas y tuvo que aguantar las mentiras, sobre el caso, del que era Gobernador Civil y acabó siendo diputado por Coalición Canaria. Nunca se juzgó a nadie.
Antes de acabar el año, se produjo otro asesinato de genero protagonizado por un uniformado. Fue en Madrid, durante la cena de Nochebuena en casa del sargento de la Policía Armada José María Pita. Discusión familiar terminada cuando el madero sacó su pistola y disparó a su mujer, Carmen Moreira, tres veces, alcanzándola en el corazón una de las balas. Su hija se abrazó al cadáver y fue encañonada por su padre, pero se interpuso su hermano, que se llevaría dos balazos.
A principios del año siguiente, 1978, murieron otras dos víctimas de las balas de los distintos uniformes, por acciones ocurridas durante 1977. El 4 de enero murió Francisco Rodríguez Ledesma, albañil sevillano de 56 años, tras 7 operaciones causadas por el estallido del bazo y la perforación del colon con que un Policía Armada le había obsequiado 6 meses antes, el 8 de julio del 77. Miembro de CCOO, iba para casa y se sumó a la manifestación de los trabajadores de Hytasa, que trataban de impedir el ERE de su empresa. Un vehículo policial se detuvo y un agente, vestido de paisano, salió del mismo para disparar 5 veces, alcanzando a Paco por la espalda. La versión oficial posterior indignó a los vecinos del Cerro del Águila, a los que se prometió una investigación que nunca llegó, ya que un tal Pachón, policía gaditano autor de los disparos, salió sin cargo alguno por el asunto.
David Alvarez Peña, de 25 años y natural de Plentzia, Bizkaia, murió en el hospital de Basurto, Bilbao, el 14 de enero de 1978. Casi un mes antes, el 18 de diciembre, junto a otros tres militantes de ETA, tenía la intención de atentar contra el puesto de control de la central nuclear de Lemoiz, que se estaba construyendo pese a la oposición popular. Fueron sorprendidos por seis guardias civiles y acabó con un tiro en el vientre y gritando, a sus compañeros, que escapasen. Durante su ingreso hospitalario fue custodiado, en todo momento y metralleta en mano, por dos de los verdes, con la puerta abierta y cuatro tricornios más en el pasillo. Le interrogaban continuamente, pero él se enorgullecía de no haber dicho ningún nombre, pese a la tortura psicológica a la que fue sometido y a que recibió una carta diciendo que su salud estaba por encima de la organización y que no se sometiese a tanta presión. Su cuerpo no admitía las transfusiones, por culpa de la tensión que le provocaban los dos beneméritos con sus armas respirando al lado, e incluso el director del hospital solicitó, en el cuartel, que sacasen a aquellos tipos de la habitación, argumentando razones de salud y de higiene, ya que la puerta abierta no le hacía precisamente bien. Al día siguiente no eran dos guardias, sino cuatro. Tras la muerte de David, la familia presentó querella criminal por la actuación de la Guardia Civil durante esas largas 4 semanas, pero no prosperó.
Curiosamente, su padre, era un orensano que vino a Euskal Herria haciendo la mili como guardia civil, donde se mantuvo un año más, ya como profesión. Se había enamorado de una chica de Barrika, Julia Peña, que contaba que, cuando David Álvarez padre le dijo que iba a dejar el cuerpo, pensaba que ella se iba a disgustar porque atraía aquello del uniforme, cuando en realidad le supuso una gran alegría. Ese uniforme, el que su padre abandonó, fue finalmente lo que acompañó, en forma de verdugo, a David Álvarez Peña, hasta el último suspiro antes de morir.
Tres años después moriría su hermano Mario, también militante, al estallarle una granada que estaba manipulando. La guardia civil secuestró el cadáver, llevándolo en tanqueta, al cementerio, justo antes del entierro, para evitar así cualquier posible homenaje. Ciertos indicios, además, apuntarían a que pudieron acuchillarlo antes de la hora a la que, oficialmente, habían encontrado el cuerpo.
Creo que no está mal para ser, 1977, un año cualquiera de la tan modélica transición.
Eder Mitxelena
Las Víctimas Invisibles. Terrorismo de estado (I)
Las Víctimas Invisibles. Terrorismo de estado (II)
Las Víctimas Invisibles. Terrorismo de estado (III)
Las Víctimas Invisibles. Terrorismo de estado (IV)
Las Víctimas Invisibles. Terrorismo de estado (V)
